La dirigencia nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) ha descartado de plano incorporar a los empresarios a la mesa de negociación de un posible incremento salarial para este año.

Como ocurre año tras año, esta decisión se adopta entre dos: el Gobierno y la COB. La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), cuya flamante directiva está encabezada por el potosino Giovani Ortuño Camacho y el chuquisaqueño Gastón Serrano Carvajal, pidió expresamente ser tomados en cuenta en este 2023. Pero la dirigencia obrera ha rechazado esa posibilidad.

Al momento de solicitar un diálogo tripartito, en su primer discurso como presidente de la CEPB, precisamente tras ser posesionado, Ortuño dijo con mucha claridad y certeza: “Toda política salarial, todo incremento salarial, debe tomar en cuenta las necesidades y expectativas del sector laboral; vale decir, un salario justo y una redistribución de la riqueza adecuada de los excedentes. Pero también debe incluir la posición del sector empresarial, considerando las limitaciones que tenemos actualmente, la realidad económica de todas las empresas, de cada región, de cada rubro y de cada tamaño”.

No parece lógico ni correcto para todos que una medida tan importante como la del aumento del salario mínimo nacional y del salario básico sea definida sin la participación del empresariado, sencillamente, porque este sector es el que proporciona trabajo a centenares de miles de bolivianos a lo largo y ancho del país.

No solamente dijo eso, sino algo todavía más significativo, sobre todo, en la actual coyuntura nacional: “Una buena política laboral tiene que tomar como base el objetivo principal, que es la generación de más empleo de calidad y la sostenibilidad de estos empleos”.

Como se puede advertir, la idea de la necesidad de contar con empleos de calidad y —muy importante— sostenibles en el tiempo trasciende cualquier noción política e ideológica. Se podría decir que hasta cae de madura, sencillamente, por tratarse de algo lógico que requiere cualquier país del mundo para mantener a su población con cierta tranquilidad en el orden del trabajo y la economía en general.

A esta altura del siglo XXI, cuando llega la hora de determinar políticas que atañen directamente al bolsillo de la gente, no deberían primar las razones que no sean las estrictamente económicas y sociales. Las simpatías o afinidades de otro orden están de más: solo valen las buenas intenciones que, por supuesto, tanto en el ámbito público como en el privado, deben primar ante cualquier interés personal o de grupo.

En esta última consideración entran los partidos políticos, las instituciones fundamentales de la sociedad y las organizaciones sindicales. Sus respectivas dirigencias, en tal sentido, tienen que ser conscientes de la responsabilidad que les toca asumir en momentos sumamente álgidos para la economía nacional.

Hasta ahora, los gobiernos que le ha tocado administrar a un mismo partido —salvo el interinato de Jeanine Áñez— no han sufrido mayores sobresaltos en materia económica. Pero, como se ha venido advirtiendo desde diferentes organismos internacionales, e incluso reconocido dentro del país, se avecinan tiempos difíciles que las partes involucradas en la definición del alza salarial deben considerar para el bienestar de todos, sin excepciones.

Dos aspectos a tomar en cuenta: los datos oficiales de la inflación del último año y el crecimiento diferenciado por departamentos (no en todos crecen ni presentan las mismas cifras, que en unos casos son más favorables que en otros). Esto, en un análisis sensato y alejado de radicalismos o de políticas demagógicas, obligaría a promover un debate sobre la necesidad de pensar en nuevas fórmulas para definir los incrementos salariales.

Ya va siendo hora de que prime la cordura en este tema y de que el Gobierno y la COB dejen de lado viejos resquemores para dar paso a lo que les conviene a todos los bolivianos. Al menos por una vez hay que apartar la política partidaria o ideológica de los temas rigurosamente económicos.

A propósito de la representación del sur del país en la Confederación de empresarios nacionales, este martes se renovó el Comité Ejecutivo de la Federación de Chuquisaca, que hasta anoche estuvo encabezado por Gastón Serrano. En su lugar asumió Edwin Flores, quien destacó, entre otros retos, el de fortalecer las exportaciones de esta región, además de impulsar el sector del turismo. Flores dijo también que el nuevo comité se ocupará especialmente del aparato productivo.