El 10 de enero de 2020, a dos meses de la ilegal llegada a la presidencia del Estado de Jeanine Áñez, el que fuera poderoso ministro de Gobierno de Evo Morales, Carlos Romero Bonifaz, fue detenido por un presunto caso de corrupción que el mismo había denunciado y que comprometía a la Unidad Ejecutora de Lucha Integral contra el Narcotráfico (Uelcin).
Romero se encontraba internado en un centro de salud aquejado por problemas de hipertensión, úlceras y una profunda depresión y ansiedad. En el momento en que fue apresado comenzarían seis meses de penurias en la cárcel de San Pedro de La Paz, en la que fueron violados sus derechos humanos y fue sometido a todo tipo de humillaciones, muy al estilo represivo y matón del gobierno de Áñez. Más tarde, a medio año, le fue otorgada la detención domiciliaria.
Es muy extraño y atípico el caso de Romero. Tuvo la posibilidad de salir de Bolivia acogiéndose al asilo político, pero entraba y salía de la Embajada argentina como Pedro por su casa, gracias a su amistad con Normando Alvarez, el embajador del gobierno de Macri, que más tarde comprometería su gestión diplomática con la internación ilegal de municiones recibidas por el entonces comandante de la Fuerza Aérea Gonzalo Terceros para la represión militar y policial contra los sectores populares que reclamaban que Evo Morales había sido violenta e ilegalmente sacado de la presidencia.
Entre noviembre del año 2019 y principios de enero del año 2020, Romero caminaba libre y tranquilamente por las calles de La Paz. ¿Cómo se entiende esto? Sencillamente por su amistad con Arturo Murillo, el ministro de Gobierno que lo sustituyó a través del golpe de Estado. Digamos que uno de los principales golpistas manteniendo relaciones con uno de los golpeados, quién finalmente terminaría preso porque no todos los fiscales obedecían a los jerarcas del poder ejecutivo de Áñez. A Romero no le fue suficiente ser amigo de Murillo y por eso terminó preso.
Si nos retrocedemos en el tiempo, lo extraño y atípico del comportamiento de Romero hay que mirarlo con lupa en los acontecimientos de octubre y noviembre de 2019, cuando en su calidad de ministro de Gobierno pudo haber detenido a Luis Fernando Camacho, el cabecilla del golpe desde el Comité pro Santa Cruz. Hasta ahora la pregunta queda en el aire: ¿Por qué Romero no detuvo a Camacho para desactivar al principal articulador del paro de 21 días, de los cabildos y de las movilizaciones contra el gobierno de Evo Morales con el pretexto de un fraude nunca comprobado?
Romero fue ministro de cuatro carteras de Estado. Se convirtió en todopoderoso y parte del entorno del presidente Morales, pero en el momento en que mostró intenciones de querer convertirse en candidato a la Vicepresidencia del Estado, desbancando a García Linera, las relaciones se hicieron tensas y esto se hizo patente por una rivalidad manifiesta con su par del ministerio de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Ya para entonces la oficialidad de la Policía Boliviana comentaba que Romero había prometido mejoras en la dotación de equipamiento y condiciones de trabajo para los efectivos, así como mejoras en el aspecto salarial. Esto nunca sucedió y ese fue el caldo de cultivo para que en el año 2019 se produjeran los motines que definieron la caída de Evo Morales del gobierno, acusado por haber gestado un fraude en las elecciones realizadas el 20 de octubre. Cansados de tantas promesas y de ninguna reforma institucional profunda a la cabeza del comandante Yuri Calderón, la Policía decidió desobedecer al poder civil y sumarse a la conspiración golpista que desembocó en la renuncia forzada de Morales.
Carlos Romero Bonifaz es un ser extraño. En el asalto a la relojería Eurocronos producido el 13 de julio de 2017 que tuvo como funesto resultado la muerte de cinco personas, entre ellas la administradora Ana Lorena Torrez, el ministro de Gobierno fue acusado por el abogado Jorge Santiestevan de cometer irregularidades en el operativo policial a través de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias.
Hasta aquí podemos concluir que lejos de ser eficiente y leal, el comportamiento de Romero es extraño y más que llamativo por su amistad con el embajador macrista de Argentina, Normando Alvarez, amigo del ministro de Gobierno de Àñez, ahora preso en Estados Unidos por corrupción, Arturo Murillo. No detuvo a Camacho cuando la crisis política y social alcanzaba su peor momento y el gobierno de Evo perdía el control del aparato estatal, peleado con Juan Ramón Quintana y pretendiendo sacar del camino a García Linera. Y por si fuera poco, dejando sin esclarecer la oscura telenovela de Eurocronos. Si a todos estos antecedentes le sumamos su presidencia en el club Sport Boys que para mantener la planilla de sueldos de sus jugadores necesitaba mucho dinero y nunca se supo de dónde obtenía los recursos, tenemos a un personaje de características muy singulares.
Mientras Romero quedaba recluido en el penal de San Pedro durante la primera mitad de 2020, las noticias de salidas de avionetas de pistas clandestinas situadas en provincias benianas no podían ocultarse. Algo de actividades vinculadas al narcotráfico funcionaba con puntualidad y eficacia. Es probable que se vayan a descubrir nexos y responsabilidades con el correr del tiempo. La DEA ya ha acumulado alguna información sobre el tema.
En la actualidad Carlos Romero es uno de los más radicales opositores al gobierno de su propio partido, del que fuera su colega en el gabinete de Evo Morales, Luis Arce. Pretende posicionar un discurso muy característico de la derecha boliviana, acusando, por ejemplo, al actual ministro de Gobierno Eduardo del Castillo de protección y encubrimiento al narcotráfico. Dijo que presentaría pruebas al respecto. Hasta ahora no lo ha hecho, lo que significa que sus afirmaciones carecen de sustento y parecen solamente dirigidas a posicionarse como un pretendido defensor del liderazgo histórico de Evo Morales en el MAS.
Con la información hasta aquí expuesta, Romero mantiene nexos de variadas orientaciones ideológicas. Son conocidas sus buenas relaciones con sectores empresariales conservadores cruceños. Recuérdese que en el año 2009 se lo sindicó de habe pactado con representantes “arrepentidos” de la Unión Juvenil Cruceñista, histórico grupo paramilitar con participación decisiva en el golpe de 2019, en el paro de los 36 días de 2022 y en las protestas vandálicas y delincuenciales que se produjeron luego de que el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, ordenara un operativo policial a través del que se apresó el pasado 28 de diciembre a Luis Fernando Camacho, ahora gobernador de Santa Cruz y al que en su momento Romero decidió no detener cuando el golpe de Estado se encontraba en pleno desarrollo.
Con todos estos antecedentes, Romero acusa un notorio síndrome de abstinencia. Quiere regresar al poder al precio que sea, y para ello ha decidido convertir a quienes fueran sus compañeros de trabajo en el Proceso de Cambio, en sus peores enemigos.
