Con excepción de los propios integrantes del Órgano Judicial —entre los que también hay críticos—, el grueso de la población boliviana sabe que uno de los grandes males del país es la administración de justicia. Su alta dependencia del poder político, que es la principal razón por la que es tan mala, ha sido identificada como una debilidad en la reciente visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero de nada ha servido porque, pese a todo, no se advierte síntomas de que se quiera mejorarla.
Está en marcha el proceso para las elecciones judiciales, con las condiciones impuestas por el Movimiento Al Socialismo (MAS) y las mismas perspectivas de las anteriores: candidatos seleccionados por el partido azul, y rechazo ciudadano traducido en cerca del 60 por ciento de votos nulos y blancos.
Así, y al menos por otros seis años, el Órgano Judicial continuará sometido al poder político del MAS.
Es decir que la independencia de la justicia en Bolivia, fundamento de la vigencia plena de la democracia y del Estado de Derecho, continuará siendo nada más que una aspiración ciudadana con todas las consecuencias perjudiciales que conocemos demasiado bien: instrumentalización de la justicia con fines políticos, corrupción en todos ámbitos del sistema judicial boliviano, retardación en el tratamiento de los casos, etc.
Y esto será así, a menos que la iniciativa para un referéndum de reforma parcial de la Constitución con el fin de iniciar una reforma judicial prospere con tanta fuerza, que el procedimiento se cumpla en los plazos legales y el apoyo ciudadano sea de tal magnitud que interpele al Tribunal Supremo Electoral (TSE), de modo que esa consulta se realice antes de octubre.
El punto central de esa iniciativa es precisamente, evitar que los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental, y los miembros del Consejo de la Magistratura no respondan a los intereses del partido mayoritario.
Es decir, que el sistema de selección y calificación de los postulantes a los cargos jerárquicos de los más altos tribunales no dependa, como hasta ahora, del partido mayoritario en el Legislativo.
Sólo así las elecciones judiciales tendrían resultados que aseguren la legitimidad que hoy no tienen los magistrados electos, desde 2011, cuando esos comicios se realizaron por primera vez.
Pero como están encaminadas las cosas y considerando la vocación totalitaria del partido de gobierno, en octubre de este año —el 29 de ese mes, como estima el TSE— los bolivianos volveremos a votar sin convicción y con desconfianza, en unas elecciones judiciales en las que los candidatos a las mencionadas magistraturas serán personas designadas por la mayoría masista en el Parlamento.
Es cierto que para esa designación parlamentaria se necesita dos tercios de votos de los asambleístas, pero nada garantiza que el MAS imponga sus candidatos con la misma soltura que impuso el lunes el reglamento y convocatoria para la preselección de postulantes, un reglamento “a medida del oficialismo para que ganen la elección judicial los postulantes afines al MAS”, como dijo un diputado opositor.
Entonces, las autoridades que se vaya a elegir en octubre seguirán respondiendo a los intereses de los grupos gobernantes y, lo peor de todo, es que no lo harán por convicción o ideología, que ya sería malo de por sí, sino por simple acomodo. Si en las elecciones nacionales se produjera un cambio de gobierno, responderán igual, como pasó durante el breve interinato de Jeanine Áñez.
No importa lo que haya dicho la CIDH, y que hasta el propio Evo Morales admita que la justicia manipula y se hace manipular. Tal como están las cosas, seguiremos teniendo una justicia mala, muy distante del concepto que encierra su nombre.
