Cuando se estudia el Derecho en las universidades bolivianas se dice que las leyes del país son de avanzada y, debido a ello, causa desconcierto que no hayan ayudado a construir una nueva sociedad.
Lo que pasa en el país es que esas leyes no han sido aplicadas con el espíritu con el que fueron redactadas y, entonces, no hubo oportunidad de probar su efectividad. Lo que ha ocurrido es que quienes llegaron al poder no resistieron la tentación de torcer las leyes hacia el lado que ellos quisieron, al que les convenía.
Izquierdistas y derechistas, revolucionarios y conservadores, los denominados “progresistas” y “neoliberales”… no importa cuál sea su nombre, hicieron de la legislación un instrumento más en su afán de conservar el poder; pero, eso no quiere decir que ese cuerpo normativo sea malo.
Si el Órgano Judicial no estuviera tan sometido al poder, como lo está en la actualidad y como lo estuvo durante más de una década, la mayoría de los fallos ayudarían a poner las cosas en su sitio. Si alguien causó un daño, sería castigado, y si el daño se hubiera cometido en el ejercicio de la función pública, entonces, el que lo ocasionó sería alejado de ella para siempre.
Un ejemplo de lo que ocurre cuando se respeta la ley es el caso de la Minera San Cristóbal, de la que este periódico se ocupa, precisamente, en este número. Se trata de una empresa privada que, desde que comenzó a constituirse, optó por seguir las reglas bolivianas y los resultados obtenidos son más que satisfactorios.
Los primeros empresarios que llegaron al país con el propósito de explotar esos yacimientos de plata a cielo abierto acataron las leyes e incluso iniciaron un proceso de negociación con la comunidad que iba a resultar directamente afectada. Los primeros acercamientos se produjeron a fines del siglo XX y el proyecto comenzó a ejecutarse recién en 2007. Para entonces, la empresa ya había cambiado de propietarios y, volvería a hacerlo a lo largo de su funcionamiento. Recientemente, la transnacional japonesa que lo estuvo explotando en los últimos años vendió sus acciones a un consorcio canadiense. El cambio de dueños no motivará modificaciones en el manejo de esa empresa, pues funciona bien.
En lo que al país le concierne, San Cristóbal es una empresa que cumple con todas las leyes relacionadas con sus actividades: tributarias, comerciales, laborales y de seguridad social. Las regalías que paga están entre las más altas y son las mayores que Potosí ha percibido en su historia.
Al otro extremo se encuentran las pequeñas empresas privadas que funcionan en el rubro de la minería con el nombre de cooperativas. Estas dependen de los favores que vayan a recibir del poder y su primera infracción es usar una denominación que nos les corresponde.
Una cooperativa está conformada por un conjunto de personas que arriesgan su capital por igual para percibir beneficios en la misma medida, pero, al menos en el caso de la minería, las entidades que funcionan con ese nombre en el país son meros emprendimientos de unos pocos que, por eso mismo, perciben la mayoría de las utilidades. Para maximizar sus ganancias reducen sus inversiones, lo que hace que incumplan la legislación laboral. Por eso hay tantas muertes en las minas.
Ahí tenemos dos ejemplos del país que tenemos: por una parte, las empresas que cumplen con la ley —y no se inmiscuyen en la política partidaria— y, por otra, las que trabajan coludidas con el poder —con el fin de que este no les obligue a cumplir la legislación—. Si les prestásemos más atención a los buenos resultados de las primeras, entenderíamos que nuestras leyes no son malas, solo que los gobernantes están demasiado ocupados en mantener sus relaciones para permanecer en el poder y no tienen tiempo para ver lo que funciona bien. (R)
