Ayer, 10 de abril, el año cumplió 100 días. Dentro de 20 habremos consumido un tercio de este 2023 que, por lo visto hasta ahora, apunta a ser tan conflictivo como el anterior.
La temperatura social se eleva sin control. Dos sectores, salud y educación, que son básicos para la vida en democracia, están para poco. Por un lado, los maestros urbanos ingresaron a su sexta semana de protestas. Por el otro, el campo de la sanidad rueda a los tumbos con nuevas enfermedades y urgencias que obedecen a problemas estructurales.
El magisterio vive días tempestuosos, con huelgas de hambre, clases que son interrumpidas para organizar bloqueos de calles, sin un diálogo fructífero. A pesar de que el ministro de esta cartera señale que se está politizando el conflicto, no argumenta ni propone soluciones de fondo. Mientras el calendario académico está en riesgo, la intransigencia gana la batalla en desmedro de los jóvenes estudiantes, con consecuencias poco alentadoras.
En tanto, la educación boliviana se derrumba, crece la incertidumbre y profesores y autoridades se culpan mutuamente. ¿Será que hoy llegan por fin a un acuerdo?, ¿es irreconciliable esta relación? ¿No habrá que hacer cambios de actores que al fin escuchen al otro y así avanzar para resolver el conflicto? El derecho a la educación se está incumpliendo y seguramente el año escolar deberá ser ampliado, lo cual generará múltiples problemas económicos, psicológicos y de malestar en las familias.
Del otro lado de la moneda, la salud sigue siendo una promesa electoral incumplida. Después de la pandemia del covid-19, todos han puesto las fichas en dar prioridad a este sector. Una bandera en la que flamean nuevos hospitales, más equipamiento médico, contratación de personal, tecnología y medicinas gratuitas.
También la salud es un derecho constitucional que no se está respetando a cabalidad. La falta de inversión, de políticas públicas serias, de personal médico, de implementos y medicamentos son moneda corriente en la mayoría de los centros médicos del país, lo que termina arrojando deprimentes indicadores.
Surgen otras interrogantes para que respondan los niveles que corresponden en cada caso. ¿Son estos los representantes correctos en llevar a cabo las políticas sanitarias que Bolivia necesita, donde se garantice algo tan básico como el acceso a la salud? La salud no es moneda de cambio en cada proceso electoral. Llama la atención que no se planifiquen estrategias para combatir enfermedades como el dengue, la chikunguña, la fiebre amarilla, que proliferan en determinadas épocas del año. La colaboración del ciudadano es fundamental para lograr eliminar, o al menos mermar, la tragedia de fallecimientos que pueden evitarse. La vacunación debe ser una obligación desde la inscripción en los colegios, pero la dejadez se impone y en el futuro se lloran las consecuencias.
Es menester visibilizar las demandas en salud y pedir rendición de cuentas para una labor que debería beneficiar a todos. El rol de las alianzas interinstitucionales, entre organizaciones sociales, colegios profesionales, sindicatos e iglesias, entre otras, podría cobrar mayor protagonismo.
La salud y la educación deberán dejar de ser parte del marketing político y beneficiar en serio a quienes más lo necesitan.
