Una nueva alianza surgió ayer. Está conformada por instituciones tan disímiles como la Confederación Sindical de Trabajadores Gremiales, el Colegio Médico Nacional, la Asociación Departamental de Productores de Coca y el Comité Cívico Potosinista, entre otras. Según el documento firmado en ese sentido, la alianza surge con el fin de “asumir una defensa conjunta en contra del paquetazo de leyes que pretende aprobar el gobierno nacional”.
Se llama “Alianza de Unidad Interinstitucional” y uno de sus objetivos es evitar que entre en funcionamiento la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, entidad estatal que dentro de poco más de un mes pasará a administrar más de 23.000 millones de dólares pertenecientes a los 1,2 millones de aportantes que existen en el país. Antes, ese dinero se hallaba depositado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Desde que se ha anunciado este traspaso algunos analistas y economistas se han dedicado a explicar las implicancias de este cambio y otros, sencillamente, a alertar de supuestos riesgos. Esto último, sobre todo, ha desatado una suerte de temor sobre lo que vaya a pasar con los recursos de los jubilados y rentistas de ahora en adelante.
Entre los críticos, se argumentó que el Gobierno ya no tiene otras fuentes de financiamiento, principalmente, por el conocido declive de las Reservas Internacionales Netas (RIN) y la deuda pública. Esto, según los agoreros, podría hacer que los recursos de las pensiones sean utilizados con fines ajenos a los de los correspondientes pagos.
El Gobierno, por su parte, ha garantizado la seguridad de estos fondos aludiendo al artículo 65 de la Ley de Pensiones, que los ve como “patrimonios autónomos” con finalidades específicas. “Por lo que no pueden tener un destino diferente al establecido por ley, es decir, usarse para inversiones en el mercado de valores y generar pensiones. Cualquier otro destino es penado por la norma”, según una aclaración de la propia institución a través de un comunicado.
Las últimas noticias indican que 15 sectores organizan marchas y otras movilizaciones (sin mucha fuerza, eso sí) contra la consolidación del proceso, mientras que economistas mencionan posibilidades que no se reducen a la elección maniquea entre Gestora Pública y administradora privada, sino que plantean fórmulas en que podrían combinarse ambas.
Pero la entrada en funcionamiento pleno de la Gestora (como se la conoce ya coloquialmente), a partir del próximo mes, es un hecho. Por lo tanto, pese a que se va llegando al final de un lento proceso de 12 años, y cuando falta tan poco para la actividad efectiva de la institución en cuestión, cualquier protesta o fórmula imaginativa resulta ser ya algo tardía, un coletazo al proyecto que el Gobierno nacional termina por consolidar.
¿Será posible que en unas semanas cambie en algo la situación y los futuros jubilados y pensionistas tengan otra alternativa para sus recursos? Todo indica que la suerte está echada y ahora lo que se debe exigir es absoluta transparencia en el manejo de estos fondos, además de algo muy importante: información.
Está claro que todavía falta explicar en detalle lo que va a ocurrir con el dinero de los aportantes, que son los directos involucrados —en definitiva, afectados o beneficiados— en este traspaso de las AFP a la Gestora Pública.
