La revelación de que un grupo de dirigentes de Colchani extorsiona desde hace años a los propietarios de los hoteles de sal construidos a orillas del Salar de Uyuni también ha servido para recordarnos que la delimitación interdepartamental todavía no ha concluido.
Los conflictos que vive Potosí tanto en el sudoeste como en la zona limítrofe con Oruro, exteriorizadas ya en 2010, son el resultado de tareas que el Estado y sus gobernantes debieron cumplir en su momento y no lo hicieron.
Así, por las pretensiones de Oruro respecto al Salar Thunupa o de Uyuni, el Instituto Geográfico Militar (IGM) informó lo que se sospechaba desde el reinicio del diferendo: que los límites entre ese departamento y Potosí no están definidos.
¿Cómo se puede explicar que, tras 198 años de la fundación de Bolivia, aún no se hayan definido los límites entre dos unidades territoriales? La respuesta la dio el propio IGM en 2010: esta es una situación común de todos los departamentos de Bolivia con excepción del Beni, que es el que tiene resuelta casi toda su delimitación salvo en la parte sur, que colinda con Cochabamba, en la que está el conflictivo Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure.
El problema, entonces, es general, ni más ni menos que el resultado de la falta de previsión de los doctores de Charcas, aquellos que se adueñaron de la situación política en el territorio que hoy es Bolivia y fundaron un nuevo país que no dependiera, como lo dejaron establecido en 1825, ni de Lima ni de Buenos Aires. Si bien es cierto que la Audiencia de Charcas se basaba en un territorio con cierta coherencia cultural —incluso entre oriente y occidente—, no se había tomado ninguna previsión para fundar un nuevo país y, así, la República Bolívar nació sin puertos y sin ninguna delimitación precisa de sus primeros departamentos.
Esas omisiones no pudieron solucionarse más adelante. Los gobernantes bolivianos, desde tiempos inmemoriales, nunca pudieron dejar claramente establecidos los límites entre los departamentos, que fueron fraccionándose para dejar paso a la creación de otros nuevos.
Y aunque no existe justificativo para estas omisiones, hay que apuntar —para descargo de los gobernantes— que nunca fue sencillo definir límites. Los intereses alimentados por la existencia de recursos naturales provocaron enfrentamientos que evitaron las definiciones y obligaron a que esos asuntos queden sin resolver. Por eso es que los límites entre Potosí y Oruro (y Cochabamba y Chuquisaca y Tarija) nunca fueron definidos y por eso no está dicha la última palabra sobre la jurisdicción del Salar de Uyuni.
Si se reconoce el valor que tienen los documentos coloniales, en los que los derechos estaban establecidos por decisiones verticalistas del régimen monárquico, entonces encontraremos que no solo el Salar de Uyuni —o Thunupa, que es su nombre original— está enteramente en territorio potosino, sino también Sevaruyo.
Por una simple cuestión práctica, nos damos cuenta de que es momento de definir los límites interdepartamentales, pero… ¿qué costo político tendrá eso? Mientras los políticos lo piensan, los problemas por la falta de delimitación se multiplican con el riesgo siempre latente de enfrentamientos entre regiones por las sempiternas cuestiones de límites.
