El país atraviesa por un difícil momento que ha motivado diferentes acciones promovidas desde el Órgano Ejecutivo y que en estos días se definen en la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Gobierno asegura que no hay crisis económica.
“Por supuesto que no estamos en crisis económica. Esa es solo una idea que se quiere instalar y que no es nueva. Desde 2006, que nuestro presidente era ministro, siempre la derecha trató de instalar la idea de una crisis económica. Nuestro presidente siempre supo afrontarla. Desde entonces se decía que si ganaba el MAS habría una crisis, que se volvería al tiempo de la UDP, que se quitaría casas, autos y poco más a uno de sus hijos”, dijo en Bolivia TV, el domingo pasado, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
Este es un tema de debate, en el que están enfrascados los voceros del gobierno de Luis Arce, opositores y analistas económicos. Lo verdaderamente importante es saber cómo se saldrá adelante después de la caída de las Reservas Internacionales Netas (RIN), de $us 15.500 millones en 2015 a aproximadamente $us 3.500 millones. Desde febrero pasado que no se informa con precisión al respecto.
Sobre la aparente falta de dólares en el país, se explica por la caída de las exportaciones y también por el contexto inflacionario negativo que se vive en todo el mundo. El ejemplo más crítico de la preocupación de los ahorristas es el del Banco Fassil, en varias de cuyas sucursales se han estado formando filas para retirar dinero y, no siempre los clientes pudieron hacerlo.
La Ley del Oro, cuya aprobación en el Legislativo está originando una serie de controversias ya no solo entre oficialismo y oposición sino, principalmente, al interior del Movimiento Al Socialismo (MAS), es la gran apuesta gubernamental para fortalecer las RIN mediante la compra directa de ese metal a productores locales y su posterior conversión a divisas.
A todas luces, se nota que intereses políticos amenazan con anteponerse a la necesidad nacional de dar viabilidad a una serie de normas que permitan al Ejecutivo asumir medidas económicas urgentes.
En paralelo, en la Asamblea Legislativa esperan para su aprobación otros proyectos que están siendo resistidos en las calles. De esta manera, el componente de la protesta social se suma a la incertidumbre por lo que vaya a ocurrir en el futuro cercano con la economía.
Se trata de la Ley 280 de Fortalecimiento a la Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas; de la 304 de Regulación de Contenido Difundido en Redes Sociales; y de la 305 de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos.
Varios sectores han anunciado un paro y bloqueos para este jueves en demanda de estas normas. También rechazan la próxima entrada en funcionamiento de la Gestora Pública, nueva encargada de administrar los fondos de pensiones.
Con relación a la economía, las primeras señales de mejoría se manifestaron a través del último reporte de la compañía especializada Bloomberg, que vinculó la aprobación de la Ley del Oro en la Cámara de Diputados con el desplome del indicador de riesgo país de Bolivia. Casi de inmediato, el Gobierno indicó que las reservas de oro también habían mejorado.
Varios analistas han expresado que la venta del oro que realicen los cooperativistas mineros al Banco Central de Bolivia (BCB) no fortalecerá las RIN debido a la falta de divisas en el mercado nacional. Ellos, en general, dicen que esta solo sería una “salida parcial”.
En el último mes, el Gobierno vino llamando a la población a mantener la calma, frente a los rumores que desde entonces se empezaron a regar en el país sobre una presunta escasez de dólares y, más allá de toda consideración política, esto parece ser lo más sensato, en momentos en que la zozobra se apodera de grandes sectores de la nación y esto podría repercutir negativamente en la sociedad.
