L
os hechos muestran que las cosas son peor de lo que se temía: la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) intervino el Banco Fassil, dos ejecutivos y dos funcionarios de esa entidad bancaria pasaron a la cárcel Palmasola por 90 días en calidad de detenidos preventivos y, ahora, se intenta calmar a los ahorristas con un cronograma de normalización de sus operaciones que podría iniciarse el 22 de mayo próximo. Tratándose de temas tan delicados, como los relacionados con los depósitos en bancos, los mensajes de cualquier gobierno tienen que ser tranquilizadores. No sería prudente desatar el pánico.
Cabe recordar cómo procedió la ASFI en mayor de 2016, cuando anunció la intervención de la Mutual La Paz por presentar serias deficiencias de gestión y falta de gobierno corporativo. También se arguyó la necesidad de precautelar los intereses de los ahorristas, según la información oficial de esa época.
En el marco de sus atribuciones, la ASFI convocó a una compulsa entre los bancos para que una de las entidades bancarias absorba la cartera de la mutual liquidada y, así ocurrió. Ahorristas, deudores y funcionarios pasaron a depender de la nueva institución. Esa fue la última intervención, pronta, oportuna y eficiente, de la autoridad financiera.
En aquel entonces, la desaparecida mutual trabajaba con normalidad, no hubo suspensión ni irregularidad en ninguno de sus servicios. El anuncio causó sorpresa por un par de días, pero las operaciones se normalizaron rápidamente, sobre todo el acceso de los ahorristas a sus fondos, señal real de la solvencia y estabilidad del sistema.
En el caso del Banco Fassil, más de un mes tuvo que pasar antes de que los miles de ahorristas tuvieran alguna certidumbre acerca de lo que pasará con su dinero depositado allí.
No pocos analistas consideran que esa acción es tardía porque la intervención se está ejecutando en un banco en cuya administración fueron detectadas irregularidades cometidas desde hace más de un año y medio, aunque las autoridades aseguran que aplicaron de manera rigurosa los procedimientos de control e intervención previstos en la Ley de Servicios Financieros.
Si bien puede percibirse como tardía, la intervención impuesta por la ASFI y la información emitida por esa instancia estatal despejan incertidumbres colectivas que podían haber surgido acerca del sistema financiero nacional, puesto que el problema se da en una entidad, no en todos los bancos en su conjunto.
Y es sencillo comprobar esa afirmación, pues ninguna otra entidad del sistema está observada por irregularidades en su administración. Tampoco hay clientes que muestren dudas sobre su solvencia.
Por otro lado, la intervención se concreta antes de la quiebra: Fassil aún tiene patrimonio, que será clave para interesar a otras entidades financieras en el proceso de adjudicación anunciado. Eso dijo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, antes de afirmar que el sistema financiero goza de buena salud, con una mora muy baja de aproximadamente 2,3%, depósitos con una tasa de crecimiento cercana al 2% y créditos en aumento.
No obstante, es preciso recordar que la Ley de Servicios Financieros indica que el consumidor tiene derecho “a recibir servicios financieros en condiciones de calidad, cuantía, oportunidad y disponibilidad adecuadas a sus intereses económicos” (art. 73, b). Claramente, este precepto ha sido violentado durante semanas, hasta que la situación se agravó de tal forma que se procedió con la intervención.
