Circula en las redes sociales un video en el que la ministra de trabajo, empleo y previsión social, Verónica Navia, afirma que una maestra recién egresada gana 7.000 bolivianos por ejercer su profesión a tiempo completo.
La difusión del video es parte de la estrategia de desprestigio que el Gobierno central ha desatado en contra de las movilizaciones del magisterio que ayer ingresaron en otra etapa de protestas, la de los emparedamientos; es decir, de la actitud de ciertos dirigentes que se han aislado del resto de las personas levantando un muro entre ellos y los demás.
La entrevista fue realizada por Bolivia TV que, como se sabe, es el canal oficial del Estado, cuya labor es la de defender y justificar al Gobierno de turno, sin importar que, en ese afán, ataque a sus adversarios. A partir de ahí, la entrevista, en cuanto herramienta del trabajo periodístico, ya ha perdido una buena parte de su escasa credibilidad.
La ministra dijo que una maestra recién egresada de la Normal está con un sueldo de Bs 7.000 en Guayaramerín, pero no aclaró si la unidad educativa para la que trabaja es estatal o privada ya que, si se trata de esta última, las escuelas y colegios particulares son libres de pagar las sumas que vean convenientes, siempre y cuando estén por encima del salario básico, que es el monto mínimo a pagarse en el territorio nacional por un trabajo a tiempo completo. Es probable que la unidad educativa sea fiscal y, por acuerdos internos, se haya decidido cancelar esa suma a la nueva maestra. Para eso, el dinero debe venir de una fuente distinta al Tesoro General del Estado y eso requiere que madres y padres de familia dispongan del dinero para ese pago extra. De ser así, eso necesita una intervención por parte de las autoridades educativas puesto que, por imperio de la Constitución Política del Estado, la educación pública es gratuita y están prohibidas todo tipo de contribuciones, incluso si estas son fijadas con el consentimiento de las madres y padres de familia.
Lo cierto es que los sueldos del magisterio boliviano —que está segmentado en urbanos, rurales y de las Escuelas de Cristo— están sujetos a un escalafón que los divide en categorías, en función a los años de antigüedad. Así, los recién egresados pertenecen a la quinta categoría y, si quieren ascender a la cuarta, deben esperar a que pase el tiempo mínimo establecido en el escalafón y se convoque a los denominados exámenes de ascenso. Si los aprueban, pasan a la siguiente categoría y, por tanto, ganan más. Con el paso de los años, se agregó categorías en la parte alta del escalafón; es decir, además de la primera categoría, donde están la categoría cero y al mérito. Es lógico que esto último se hizo con el afán de que maestras y maestros puedan ascender todavía más y, consiguientemente, tengan un mejor salario con el tiempo.
Ahora bien, ¿cuánto ganan los maestros? Eso depende de la categoría, pero los que están en la quinta perciben poco más del salario mínimo. Entonces, el caso mencionado por la ministra es evidentemente aislado.
Pero lo verdaderamente curioso no solo es que una ministra de Estado no sepa cuál es la situación económica de un sector asalariado tan numeroso como el del magisterio, sino que salga a defender al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, de quien se filtró el dato de que gana más de 30.000 Bolivianos. Navia instó a los periodistas a investigar cuánto ganan los dirigentes del magisterio. “Ojalá hagan esas indagaciones, como hacen contra el compañero Huarachi”, dijo. A confesión de parte, relevo de prueba.