La crisis política en Bolivia, caracterizada por golpes de Estado y la gestión de gobiernos dictatoriales o democráticos débiles, afectó gravemente la institucionalidad de los entes reguladores del sistema financiero en el país. La falta de regulación se trasladó a la economía, provocando una inflación alta que ascendió a un promedio del 19% en la década de los 70 y una hiperinflación que afectó al país entre 1982 y 1985.
En ese periodo, la tasa de inflación subió dramáticamente de 296% en 1982 a 8.170% en 1985, alcanzando un máximo de 23.447% en septiembre de este último año. Esta situación tuvo graves consecuencias, dejando a muchas familias sumidas en la pobreza. Sin embargo, esa crisis sirvió como una lección para el país y, como resultado, se buscó fortalecer la institucionalidad del Banco Central de Bolivia (regulación monetaria) y de la Autoridad Sistema Financiero Boliviano (regular, controlar y supervisar los servicios financieros) a través del decreto 21060. Estas medidas contribuyeron a generar confianza pública y estabilidad monetaria en el país.
Sin embargo, en los últimos 17 años, el Banco Central de Bolivia y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero han sido dirigidos por presidentes interinos, lo que ha resultado en siete interinatos en el Banco Central, todos designados por el Poder Ejecutivo, lo cual es preocupante. En los últimos cuatro años, hubo tres presidentes interinos, lo que compromete la independencia y la seriedad de estas entidades reguladoras. Además, en la actualidad, se han tomado decisiones que no son independientes ni técnicas, como la otorgación de préstamos a empresas públicas por parte del Banco Central de Bolivia, que no es una entidad bancaria comercial que preste dinero.
Por otra parte, los errores en el manejo del pánico ciudadano durante la crisis del dólar y en la gestión de los problemas en el Banco Fassil, que actuaba al margen de la normativa bancaria, han generado temor en la ciudadanía y han puesto en duda la sostenibilidad del sistema financiero nacional. La negación de ayuda ante una solicitud de préstamo del Banco Fassil realizada por el BCB y el retraso de más de 50 días para una intervención adecuada son situaciones que deben ser abordadas de manera eficaz para evitar una posible fuga de capitales, disminución de la inversión y un aumento de la incertidumbre en el mercado financiero.
La falta de criterios técnicos en la selección de las autoridades y la designación de interinatos son factores que comprometen la toma de decisiones adecuadas en situaciones críticas. Es necesario tomar en cuenta el ejemplo del presidente del Banco Central de Chile, Mario Marcel, quien ha sido designado desde 2006 y ha tenido que coordinar con tres presidentes de Estado diferentes, trabajando anteriormente con diferentes gobiernos en diferentes cargos de asesoramiento. En el caso de Perú, a pesar de los cambios y las crisis políticas y sociales, la institucionalidad del Banco Central de Perú es reconocida por la población y los políticos, fundamentándose en su autonomía operativa, es decir, en la capacidad de tomar decisiones independientes sin la influencia de poderes políticos y económicos.
En la Bolivia contemporánea, es necesario recuperar la institucionalidad del sistema de control financiero que existió entre 1985 y 2006, dejando de lado el copamiento político y garantizando un futuro de estabilidad económica y financiera para el país. En el actual contexto de las crisis económicas que afectan al mundo y a Bolivia, es esencial contar con reguladores independientes capaces de tomar decisiones técnicas y transparentes, generando confianza en la ciudadanía sobre el manejo del sistema financiero nacional.
* Es analista socioeconómico.
