El 29 de abril recién pasado, hace ya una semana, se cumplió una década de la promulgación de una ley que, en su momento, fue propagandeada como la gran solución a los crecientes niveles de incultura del país: La Ley del Libro y la Lectura “Oscar Alfaro”.
Pasaron 10 años, es decir, dos quinquenios que, en el marco del derecho administrativo, significan dos gestiones de gobierno. Tiempo más que suficiente para ejecutar planes y programas. Tiempo también de hacer evaluaciones que, en este caso, no podrían ser más desalentadoras, puesto que lo que se puede ver es que la referida ley apenas ha sido aplicada en todo el territorio nacional.
Signada con el número 366, esta norma ha sido aplicada esporádicamente en algunos niveles de gobiernos subnacionales, pero los gobiernos nacionales que administraron el poder estatal en los últimos 10 años no hicieron nada para ejecutarla.
“ARTÍCULO 2. (OBJETIVOS). La presente Ley tiene como objetivos:
“1. Generar políticas, planes y acciones dirigidas a la formación de lectores y escritores.
”2. Promover el hábito de lectura y escritura en la población, a través de la implementación y fortalecimiento de bibliotecas y otros espacios públicos y privados, para la lectura y difusión del libro.
“3. Fomentar la edición y producción de libros en idiomas oficiales del Estado Plurinacional y su traducción.
“4. Promover y apoyar la edición de material bibliográfico en formatos apropiados, para la consulta por personas con capacidades diferentes.
“5. Promover la producción bibliográfica y la industria editorial estatal y privada.
“6. Promover la participación ciudadana a través de actividades de fomento a la lectura, escritura y el libre acceso a bibliotecas y otros espacios interactivos.
“7. Fomentar el uso de nuevas herramientas tecnológicas de la información y la comunicación.
“8. Impulsar el desarrollo de escritura y lectura en idiomas oficiales reconocidos por la Constitución Política del Estado.
“9. Implementar el Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas.
”10. Crear el Fondo Editorial del Libro.
“11. Crear el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura”.
Como se puede ver, son 11 objetivos claramente definidos, pero que se han quedado en el papel de la Gaceta Oficial de Bolivia y en sus espacios digitales, simple y llanamente, porque al Gobierno que promulgó la ley no le interesó aplicarla. En rigor, no solo al entonces presidente Evo Morales no le interesó poner en vigencia plena esta ley, sino también a sus sucesores: Jeanine Áñez y Luis Arce.
El Sistema Plurinacional de Archivos y Bibliotecas no se ha implementado y son muy raras las instituciones que conservan su documentación con fines archivísticos. No existen ni el Fondo Editorial ni el Comité Plurinacional del Libro y la Lectura. No se ha promovido la producción bibliográfica y la industria editorial privada porque se abrió una estatal, con un sobreprecio que se denunció en su oportunidad, y es la que se encarga de imprimir los textos oficiales de enseñanza, que antes eran la única fuente segura de ingresos para las editoriales. Por eso, unas se cerraron y otras están a punto de hacerlo.
No obstante, la ley no es obsoleta, puesto que estuvo aplicándose en algunas gobernaciones o alcaldías que mandaron a imprimir libros. Como triste anécdota, se sabe que, en la de Potosí, un funcionario de la sección financiera trabó la publicación de uno, porque no se había presupuestado.
