Los diccionarios de ciencias jurídicas manejan hasta dos definiciones para justicia: “virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde” y “lo que es conforme al Derecho”. Cuando el fallo sobre una controversia se aproxima a cada una de ellas, se puede decir que se ha hecho justicia.
Gonzalo Sánchez de Lozada Sánchez Bustamante fue presidente de Bolivia en dos periodos. El segundo fue interrumpido por su renuncia, en octubre de 2003. Su apelativo familiar, que se hizo extensivo al resto de la gente, es “Goni”, pero el apodo que recibió de la masa votante es “Gringo” debido, por una parte, a su notorio acento anglosajón y, por otra, al hecho de haberse formado en Estados Unidos.
Tras su renuncia, Sánchez de Lozada se fue a los Estados Unidos acompañado de algunos de sus ministros. Las imágenes que se difundieron de él abordando un avión permiten entrever que portaba un maletín. No se puede decir con precisión su contenido pero sus adversarios políticos, multiplicados en el momento de su caída, aseguraron que se llevaba dinero. Poco después, la información sobre el manejo de recursos mediante “fondos reservados” y un supuesto faltante de millones del Tesoro General de la Nación dieron paso a la acusación de robo.
Pero la mayor controversia fueron los muertos de la denominada “Guerra del Gas”: más de 60, según las cifras oficiales. La gravedad de los delitos que se imputaban al expresidente ameritó que el Congreso aprobara el inicio de un juicio de responsabilidades en su contra.
Pero Sánchez de Lozada ya estaba a buen recaudo, en el país donde se educó y el que apoyó casi incondicionalmente sus dos gobiernos. Frente a ello, el gobierno del MAS inició los trámites para su extradición. En noviembre de 2009, el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Florida rechazó el pedido argumentando que no había base para la acusación por crímenes de lesa humanidad. En 2012, el Departamento de Estado rechazó la primera petición, presentada en 2008, debido a que los delitos por los que se acusaba al expresidente no eran considerados como tales en Estados Unidos.
En esas y otras ocasiones, el Gobierno boliviano protestó y acusó al de Estados Unidos de “amparar a delincuentes”. El argumento para semejante incriminación era el de siempre: los innegables vínculos entre el “Gringo” y Washington.
Y no solo se habló de protección e impunidad sino también de injerencia en el manejo de la justicia. El hecho de que los nueve jueces de la “Supreme Court of the United States” sean nombrados por el Presidente, a propuesta del Congreso, que los confirma después, eran el mejor argumento para ello.
Pero a pesar del origen de su mandato, el Poder Judicial de Estados Unidos no se subordina al Ejecutivo. Los jueces, desde los de primera instancia hasta los de la “Supreme Court”, dictan sus fallos con verdadera independencia y ni jueces ni fiscales se convierten en instrumentos del Gobierno para perseguir a sus adversarios políticos. Una de las pruebas más conocidas de ello es el juicio que se siguió, cuando todavía estaba en funciones, al presidente Bill Clinton por sus relaciones con una becaria de la Casa Blanca.
El 3 de abril de 2018, la justicia de Estados Unidos volvió a dar una prueba de su independencia al declarar culpables al expresidente Sánchez de Lozada y a su exministro Carlos Sánchez Berzaín en el juicio civil que les siguieron algunas de las víctimas de los sucesos de octubre de 2003. Es cierto que la sentencia no apareja encarcelamiento, pero dejó abierta la puerta a la extradición, porque ahora ya existe una resolución la justicia de ese país en contra de los dos acusados.
Ya pasaron más de cinco años de aquel fallo. ¿Qué han hecho los gobiernos bolivianos, incluidos los del MAS, para conseguir la extradición?
