La justicia boliviana no es independiente. Esta es una verdad que se ha convertido de Perogrullo al comprobar, una y otra vez, que el Poder Judicial, y su magistratura coadyuvante, el Ministerio Público, se han convertido en los brazos ejecutores del partido en función de gobierno. Si antes se eliminaba a los enemigos políticos mediante las balas, ahora se lo hace iniciándoles procesos judiciales que, primero, meten a la cárcel al rival bajo la cuestionable figura de la detención preventiva y luego le tienen meses adentro, mientras se arma la sentencia que convertirá su detención en permanente.
Se ha visto, entonces, que la justicia hace lo que el poder le pide. Lo hizo durante los meses que duró el gobierno de Jeanine Áñez, puesto que los jueces no tuvieron ningún pudor en cambiarse de camiseta, y lo volvieron a hacer cuando otro presidente asumió el poder.
Un caso aparte viene a ser el del expresidente Evo Morales. No se puede negar que, pese a que ahora ejerce de opositor, una buena parte del Poder Judicial hace lo que él quiere pues, de no ser así, no tendríamos a tantos de sus opositores presos. Pero lo que él hace con sus enemigos, también se lo están haciendo a él y eso se traduce en los intentos de la justicia peruana de sentarlo en el banquillo de los acusados, así sea de manera virtual.
El expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales Ayma, atribuyó las investigaciones judiciales impulsadas en el vecino país sobre la presunta existencia de un “plan separatista” al que está vinculado el también caudillo cocalero, acusado de atentar contra la integridad territorial peruana, a “un plan de la derecha peruana y boliviana” para detenerlo en Perú. “Gracias a las publicaciones de algunos medios y periodistas que apoyaron e incluso fueron parte del gobierno de facto de Jeanine Áñez, confirmamos que el plan de la derecha peruana y boliviana es detener a Evo como detuvieron a Pedro Castillo. Persecución para ocultar masacres”, escribió Morales en su cuenta de Twitter. Lo hizo después de no haberse conectado el miércoles a la audiencia virtual a la que había sido citado por segunda vez por la Fiscalía de Puno, en el mismo proceso que se le sigue al exgobernador de Puno, Germán Alejo, y a Vladimir Cerrón, secretario de Perú Libre, organización política que llevó a Castillo al poder.
Su defensa considera que él ha ejercido su legítimo derecho de no declarar. Aunque si Evo Morales mantiene su decisión de no prestar sus declaraciones y sigue eludiendo a la justicia peruana, su situación legal podría complicarse. Tras dos ausencias, la legislación del Perú faculta a la Fiscalía del mismo país, activar una tercera y última citación “de grado o fuerza” que, si no es respondida, podría derivar en su aprehensión. Según el excanciller del Perú, Luis Gonzáles Posada, la Interpol se encargaría de detener a Morales “donde esté” o si llega a poner un pie en territorio peruano.
En octubre de 1998, el entonces senador chileno Augusto Pinochet viajó a Londres para someterse a una intervención quirúrgica por una hernia discal. En el Reino Unido, fue preso por orden de captura del juez español Baltazar Garzón, quien buscaba enjuiciarlo por genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas en la dictadura que encabezó en Chile, entre 1973 y 1990. Por su edad y quebrantada salud, el exdictador no fue juzgado y en marzo de 2000 lo liberaron. Pinochet volvió a su país donde murió en 2006. Fue un caso de relevancia política-jurídica internacional.
Por ello, los intentos de la justicia peruana de someter a Morales a un proceso o, peor, a una detención, no deberían desdeñarse. Recuérdese que ese país tiene a una importante cantidad de expresidentes tras las rejas.
