Con un trato preferente en varias rutas, la empresa Boliviana de Aviación (BoA) ha sumado una gran cantidad de reclamos en los últimos años. La mayor queja pasa, sin duda alguna, por los vuelos demorados. Los usuarios se han cansado de denunciar que sus aviones no partieron a sus correspondientes destinos a la hora acordada.
Luego, también se ha sabido de una supuesta sobreventa de pasajes, aunque de esto no se hayan conocido denuncias públicas, por lo menos, en un número apreciable a través de los medios de comunicación. En concreto, la empresa vendería más pasajes que asientos en sus vuelos.
Pero lo más serio fueron los tres incidentes registrados en la última semana, y al menos siete en el año en curso, a un punto tal que se ha llegado a poner en peligro la seguridad de los pasajeros de los vuelos involucrados. Definitivamente, la seriedad de BoA está en entredicho y no se advierte que las autoridades a cargo vayan a cambiar esta situación.
Los sucesos no han sido menores. En un caso, el avión no pudo despegar por fallas técnicas; en otro, hubo un aterrizaje tan fuerte que se rompió una pieza fundamental de un ala, con el consiguiente pánico entre los pasajeros.
Lo peor de todo es que estos graves incidentes no configuran la única complicación en las operaciones de la empresa estatal en cuestión. Fue el mismo ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, quien detalló que el año 2022 se reprogramaron el 15% de los vuelos, 4 puntos por encima de lo que ocurrió en 2021. Se trata de más de 5.500 viajes que afectaron a miles de pasajeros en un solo año.
Asimismo, a pesar de la suma de incidentes que registran los pasajeros, como única estrategia de defensa frente al peligro que se ha generado en varios vuelos, esta empresa de aviación no vino estando vigilada con celo por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ni por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones (ATT), que recién ahora indaga porque en un par de vuelos estuvieron embarcados un ministro y un viceministro.
BoA debería ser vigilada con mucho celo por las autoridades correspondientes porque se trata de una empresa con participación estatal, la que tiene mayor cantidad de vuelos y, por supuesto, mayor volumen de pasajeros transportados. En este momento hay un problema de confianza: una cosa es la que se dice en los discursos y otra la que llega de las pistas aéreas cuando los vuelos están por despegar o por aterrizar.
Los pasajeros recurren a sus dispositivos móviles para registrar los incidentes y es notoria la ineficiente fiscalización. Queda en evidencia que, en este caso, al tener el Gobierno a su cargo las operaciones de BoA, el ratón termina vigilando el queso.
Resulta políticamente entendible que autoridades y funcionarios pretendan justificar su labor presentando buenos resultados ante los medios de comunicación o ante la misma Asamblea Legislativa Plurinacional, pero, la demora de los vuelos, por tratarse de un maltrato flagrante a los pasajeros, ya es inadmisible. Lo otro, como ya se ha hecho notar líneas arriba, termina siendo aún más grave: los sobresaltos que se han llevado los usuarios de la aerolínea en más de una oportunidad.
La confianza debería ser uno de los factores preponderantes para el buen funcionamiento de una aerolínea o de cualquier otra empresa, ya sea manejada por el Estado o por un privado. Hace mucho que, lamentablemente, los usuarios de BoA la han perdido. Si siguen comprando pasajes es, en la inmensa mayoría de los casos, porque no tienen más alternativa.
