La Gestora Pública de la Seguridad Social a Largo Plazo ha comenzado a operar, de manera formal, el primer día hábil del mes en curso. El 2 de mayo de 2023, esa entidad empezó a administrar el dinero que se recauda por concepto de los aportes de más de dos millones y medio de trabajadores que, hasta fines de abril, estuvieron manejados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
La transferencia de operaciones se concretó el lunes recién pasado, después de que, hasta el 18 de abril, más de una decena de organizaciones de la sociedad civil manifestaran su rechazo al “paquetazo de leyes” y a la propia Gestora en las calles de cuatro ciudades del país. Los descontentos cuestionaban dos proyectos de ley con la inquietud de que pudieran estar en riesgo sus aportes y quedarse sin jubilación.
Gremiales, jubilados, funcionarios de salud, trabajadores universitarios, maestros urbanos, militares y policías del servicio pasivo, profesionales y universidades públicas protestaron en ese sentido. Tenían la susceptibilidad de que sus aportes sean utilizados con fines políticos.
La Gestora Pública es una entidad que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y su fiscalización está a cargo de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros. Por lo tanto, desde el 2 de mayo, pone a prueba su capacidad de administrar los fondos de los bolivianos. En resumidas cuentas, la Gestora necesita dar a sus usuarios la misma confianza que estos tenían depositadas en las AFP Futuro y Previsión. Finalmente, se trata de su ahorro de toda su vida.
Por lo demás, la flamante institución comenzó a trabajar plenamente y deberá acostumbrarse, al menos mientras demuestre lo contrario, con el lastre histórico de aquel discurso que dice que el Estado suele ser un mal administrador.
En el otro lado de la balanza se ha puesto de argumento el proceso de privatización del sistema pensiones, en 1996. Entonces, la desconfianza radicaba en la administración privada de los fondos de los bolivianos; es decir, exactamente al revés de lo que estuvo ocurriendo, al menos, hasta la última de las movilizaciones, la de abril pasado.
Frente a algunos actos de malos manejos de recursos públicos destapados en los últimos gobiernos, como, por ejemplo, el del Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas (Fondioc), es de esperar que la nueva Gestora demuestre su capacidad de administración con transparencia y responsabilidad. Brindar certidumbre a los aportantes deberá ser, en todo momento, su norte. Una vez más: respaldar con un trabajo serio la seguridad que requiere cualquier persona que confía su dinero en terceros.
Para que el público confíe, en definitiva, deberá recibir muestras claras de un honesto manejo de su dinero. Y esto significa información de cara al país. Los medios de comunicación y los propios canales de la Gestora Pública (página web, línea gratuita y redes sociales), con un manejo inteligente, seguramente jugarán un rol fundamental en ese sentido.
Además, esa información deberá estar segmentada para todos los públicos y bien dosificada. Nadie, lógicamente, puede quedar al margen de ella.
