Uno de los múltiples dramas de Santa Cruz de la Sierra se ha cerrado con otra sentencia condenatoria: un policía recibió 30 años de cárcel por el feminicidio de su pareja y el asesinato de su inquilino. El hombre estaba cegado de celos porque creía que sus víctimas tenían una relación amorosa y ahora deberá purgar su delito en la cárcel de San Roque de Sucre.
La jueza que emitió la sentencia ha recomendado terapia psicológica para los hijos, que fueron testigos de la muerte a balazos de su madre. Uno de los antecedentes de este caso es que el policía tenía problemas de conducta y, debido a ello, era sometido a tratamiento psicológico.
Los casos de violencia doméstica protagonizados por policías abundan y crecen en proporción geométrica. Son precisamente los psicólogos quienes consideran que el hecho de que un uniformado posea cierto grado de poder, emergente de su condición de autoridad temporal en casos cotidianos, lo predispone a reaccionar de manera diferente a otras personas. Si a eso agregamos el elemento del arma de fuego, que los policías están autorizados a portar, entonces las posibilidades de que estos protagonicen agresiones se multiplican. Con este razonamiento, se ha recomendado que los efectivos policiales sean sometidos a evaluaciones psicológicas periódicas.
Las cifras revelan que, en efecto, los policías figuran entre los más agresores, pero, dependiendo de las regiones, ese deshonroso puesto es compartido, o superado, por otros sectores. En Potosí, por ejemplo, están en segundo lugar porque el primero es invariablemente ocupado por los mineros.
Para los policías se puede plantear tratamientos, debido a que estos son servidores públicos y, como tales, dependen del Estado, pero eso ya es impracticable en un sector como el de la minería ya que esta se desarrolla mayoritariamente en el sector privado y, en este, es muy difícil no solo controlar su salud mental, sino su salud en general ya que son muchos los casos de mineros que trabajan sin beneficios sociales.
Pero habrá que recordar que, si de conductas antisociales se trata, en este año ha surgido un nuevo dato e inquietante dato, el de los sacerdotes.
Que algunos sacerdotes llegan a desarrollar conductas sexuales reprochables es un secreto a voces, pero eso no ocurre solamente en Bolivia ni en la Iglesia católica. Los abusos, excesos y desviaciones alcanzan, también, a pastores y ministros de otras religiones, aunque las denuncias contra estos no tienen el mismo tratamiento mediático que los casos de sacerdotes católicos.
La diferencia, esta vez, es que las revelaciones del caso del fallecido sacerdote Alfonso Pedrajas son tan explícitas y perturbadoras que se han convertido en el mayor escándalo en la historia contemporánea de Bolivia desde el cuestionable caso del padre Severo Catorceno, en Potosí. Este último también provocó indignación nacional y la presión social fue tal que el presidente de entonces, Germán Busch, ordenó que el religioso sea fusilado. Después se supo que el sacerdote era inocente.
A raíz del escándalo, muchos otros casos comenzaron a salir a la luz y las denuncias se han multiplicado. Entre policías, mineros y sacerdotes existen grandes diferencias, pasando por lo espiritual hasta su formación, porque estos últimos suelen llegar a altos grados de intelectualidad. ¿También intentaremos poner pañitos fríos a este sector ciudadano recomendando tratamientos psicológicos?
Es hora de admitir que la violencia, y las desviaciones sexuales, no son cosa de sectores, ni situaciones. Es nuestra sociedad la que está enferma y es preciso ver cómo podemos curarla.
