La muerte del interventor del banco Fassil, Carlos Colodro, ha impactado al país debido a la sospecha no despejada de que pudo tratarse de un asesinato o, según la calificación inicial de la Fiscalía, de un posible suicidio inducido. Si esta teoría se confirmara, el desafío del Estado será esclarecer su muerte: unos apuntan a un grupo de empresarios que se habría beneficiado con créditos vinculados a la desaparecida entidad financiera; otros, incluso al poder político.
A este enmarañado panorama se añadieron algunos elementos que lo vuelven todavía más intrigante; por ejemplo, el de la salida del país de Junior Arias, el periodista que presentó una lista de nombres de personas supuestamente favorecidas por el banco Fassil. El comunicador publicó un mensaje antes de marcharse y, en principio, dio a entender que podría estar en riesgo. Este lunes, sin embargo, se encargó de aclarar que no teme por su vida; incluso, reveló que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, se contactaron con él para ofrecerle garantías tanto a él como a su medio, DTV.
Como tomando una previsión respecto a lo que pudiera ocurrir con él en adelante, anoche, en una entrevista exclusiva con Bolivisión, Arias dijo que él se encuentra en perfecto estado de salud y que de ningún modo ha pensado ni piensa en atentar contra su vida.
Más allá de las motivaciones que hayan llevado a Arias a salir del país (según su propia versión, lo hizo para tranquilizar a su familia), es imperativo señalar que la prensa boliviana está ahora más expuesta que antes y el ejemplo de impunidad, en la misma Santa Cruz, por el caso denominado “Las Londras”, no da ninguna garantía. La justicia no ha sido capaz de hacer justicia (valga la redundancia) enviando a la sociedad el mensaje necesario de que los periodistas —así como cualquier persona de este país— no pueden ser golpeados impunemente.
Cuidado porque, al igual que en otros países, estamos llegando a un punto en que hacer periodismo puede volverse una actividad de alto riesgo. “La decisión de un periodista que, por ejercer su profesión, se ve forzado a abandonar su lugar de residencia para proteger su integridad y su vida, muestra claramente que no existen garantías para el ejercicio de la libertad de prensa en el país”, dice un comunicado de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia.
El Ministro de Gobierno ha ofrecido todas las garantías, no solo a Junior Arias sino a todos los periodistas del país quienes, y, tratándose de cuestiones tan delicadas en las que está en juego la vida misma de las personas, hay que tomarle la palabra. Sin embargo, también es indispensable estar alertas y exigir acciones —no solamente palabras— para que el Estado devuelva la confianza a quienes ven amenazadas sus garantías constitucionales.
Otro elemento inquietante en el caso del interventor Colodro es el de la más reciente denuncia del abogado de la familia del interventor fallecido, Jorge Valda, quien aseguró haber recibido amenazas de muerte: “Vos sos el próximo”, reveló que le dijeron, en la mañana de ayer, mediante una llamada telefónica.
A todo esto, la familia de Colodro anunció que pedirá pedirán medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que hay “injerencia” en la investigación del suceso. Todo indica que este asunto todavía dará mucha tela por cortar.
Las amenazas a los abogados, así como las intimidaciones a los periodistas, no pueden, de ninguna manera, volverse moneda corriente en un país en el que impera el Estado de derecho. Las autoridades competentes, de todos los órganos (antes poderes), tienen el deber de cortar de raíz esta cadena de coacciones. Los ciudadanos bolivianos no se merecen vivir con miedo, ni tampoco estar a expensas de rumores o de filtraciones de datos a la prensa. Solo la certidumbre devuelve la confianza en las instituciones
