Las conclusiones de la investigación realizada por la Policía y la Fiscalía, con apoyo de peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) llegados desde distintos departamentos, dentro del caso del fallecido interventor del banco Fassil, Carlos Alberto Colodro, han levantado una nueva polémica en el país y, dadas las circunstancias de la muerte, esto era de esperarse.
Para nadie resultar fácil creer que Colodro se suicidó, después de las denuncias efectuadas por un periodista cruceño y tras la susceptibilidad generada anteriormente en torno a los sospechosos decesos de un abogado, que cayó también de más de 10 pisos en la misma capital oriental, y del famoso testigo protegido en el caso de la presunta coima entregada a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que, según informó el ministro de Justicia, Iván Lima, pereció en Miami (Estados Unidos).
Pero, de acuerdo con las conclusiones, Colodro decidió suicidarse y el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, presentó las pruebas colectadas por los especialistas. ¿Cuáles han sido las reacciones públicas antes estas explicaciones?
En principio, llaman la atención dos cosas: Primero, que la familia del Interventor haya decidido no participar de las investigaciones. Segundo, que el abogado de la familia, Jorge Valda, se haya explayado en una conferencia de prensa lamentando (o, directamente, criticando) a los investigadores por no haber siquiera convocado a los Colodro para consultarles, por ejemplo, sobre cómo era la letra del fallecido.
Las dudas, pese al informe ofrecido la noche del martes por el ministro Del Castillo, persisten. Más aún con las últimas declaraciones del comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, coronel Erick Holguín, quien dijo: “Está cerrado el tema sobre las circunstancias propias en el momento de haberse suscitado el hecho. La segunda parte, obviamente nos toca, y estamos nosotros coordinamos con el Ministerio Público, el trabajo de pericia psicológica para establecer la presión, para saber si había alguna otra persona involucrada, si había algún tipo de amenaza o todo aquello que haya podido inducir al señor Colodro a que tome la decisión”.
En paralelo, se han abierto debates más vinculados a la política nacional (casi omnipresente, pues se mete en el primer resquicio que encuentra), con declaraciones tales como que el modelo productivo cruceño ha fracasado en vistas de lo ocurrido con el banco Fassil, y, en general, el tratamiento que le dio este y, sobre todo, el anterior gobierno (el de Evo Morales) cuando empezaron a manifestarse las irregularidades en la entidad bancaria en cuestión y no se hizo nada para frenarlas. Entretanto, los extrabajadores de Fassil se movilizan cada vez con mayor intensidad para exigir el cobro de sus beneficios sociales, un proceso que se truncó con la fatalidad del sábado por la noche.
Con relación al modelo cruceño, el encarcelado gobernador Luis Fernando Camacho ha denunciado que “voceros del Gobierno empezaron una campaña propagandística” para desprestigiarlo (al modelo productivo). Y, en la misma línea, varios actores sociales han salido en defensa contra lo que consideran ataques políticos a la región oriental.
A priori, parece exagerado decir que un modelo —en este caso el cruceño— haya fracasado por el accionar de un grupo de ciudadanos, por más poderoso que este sea. Sí resulta evidente que los ejecutivos de Fassil han favorecido a decenas de personas con fondos y que el mal manejo de esa institución, ahora desaparecida, ha terminando perjudicando a millones de cuentas abiertas de buena fe.
En todos los casos, la justicia tendrá la última palabra. Mientras tanto, conviene entender lo que significa que la política esté metiendo sus narices incluso en un asunto tan delicado como este, en el que el país no termina de salir de su consternación por el trágico final de Colodro.