Hace algunos días, Antonio Saravia ha propuesto una serie de medidas que el país debería tomar para evitar la explosión de la crisis y tomar el rumbo de una economía próspera (cf: https://publico.bo/opinion/la-propuesta-liberal/). Esas medidas están situadas sobre todo en el plano de la política económica y no voy a repetirlas. Lo que me propongo acá es mencionar otras decisiones que habría que tomar para modificar nuestra arquitectura institucional y las reglas del juego político, y que son el complemento racional de las medidas mencionadas.
Coincido con que es necesario revisar profundamente la Constitución actual. Se debe optar claramente por la democracia republicana como forma de convivencia, lo que significa desembarazarse de las democracias “directa”, “participativa” y “comunitaria”, que no son formas de democracia sino simples procedimientos que la democracia republicana puede absorber cómodamente. Hay que eliminar el mito del Estado plurinacional y todos los conceptos y palabrería construidos en torno a las contundentes nociones del multiculturalismo e identificación étnica. Hay que limitar profundamente la omnipresencia del Estado, impedirle ser propietario de medios de producción y comunicación, garantizar la propiedad privada de los medios de producción y de vida y eliminar todas las fuentes que le crean inseguridad. Hay que garantizar la producción y el comercio privados y libres. Se debe asegurar una clara identificación de las libertades esenciales y equilibrarlas con los deberes ciudadanos; garantizar el respeto y protección a las iniciativas de los ciudadanos, en lugar de someterlas a regulaciones autoritarias e innecesarias.
Es indudable que deseamos la vigencia del estado de derecho. Pero todas las normas que son su base deben respetar las libertades individuales. Es imposible construir estado de derecho si las normas violan constantemente las libertades individuales, como lo hacen ahora.
Las reformas deberían incluir la reducción del presidencialismo en favor del parlamentarismo y la mayor transferencia posible de competencias a las administraciones departamentales y municipales. Esta sola medida haría menos apetecible la captura del poder ejecutivo –como ocurre ahora– y obligaría a que medidas esenciales sean discutidas y finalmente acordadas en el Órgano Legislativo. Se debe poner un límite al número de ministerios y un techo al presupuesto que el Gobierno puede usar para pagar a los empleados públicos.
Naturalmente, debe eliminarse la segunda vuelta para elección del presidente y vicepresidente. Si la población no puede decidir por mayoría absoluta quién será el nuevo gobernante, se debe recurrir a pactos en la Asamblea Legislativa que permitan la elección de uno, sin necesidad de dividir al país en bandos opuestos. Los pactos, y no la aniquilación del adversario, son esenciales a la política.
Deberemos reducir el número de senadores, de los 36 actuales a 27, retornando también a su distribución por mayoría y minoría en cada departamento. En cuanto a los diputados, solo debería haber diputados nacionales, elegidos todos en circunscripción nacional. Desaparecerían así los diputados uninominales y los diputados étnicos. Se puede mantener el número de diputados actual o reducirlo. Para que el voto de un ciudadano valga lo mismo que el de otro, habría que dividir el número de votos válidos entre el número de escaños y asignar éstos de acuerdo al número de votos válidos obtenidos por los partidos. Se eliminaría así, también, la ambigua noción de “representación territorial”.
Se debe expulsar de nuestra normativa el referéndum revocatorio. La práctica ha demostrado que este tipo de referéndum no conduce a una mejor gestión ni al cambio de las autoridades cuestionadas, sino a la inestabilidad e incertidumbre alentadas por el oportunismo.
Naturalmente, habrá que elegir nuevas autoridades electorales. Se debe establecer un mejor mecanismo para la elección de las autoridades electorales a todo nivel, fundamentalmente para garantizar su independencia del poder ejecutivo, así como la seguridad y debida dedicación del personal técnico y administrativo. Se debe tomar inmediatamente medidas para generar un padrón electoral confiable, permanentemente público y verificable.
Se debe eliminar la elección de magistrados por voto popular. Éstos deben ser escogidos por méritos y en el marco de una carrera judicial. La reforma de la justicia tomará muchos años; su cambio no puede ser provocado en corto plazo, sino que debe ser el resultado de un proceso continuo de mejora. Se debe iniciar el proceso de reforma de justicia, para lo que se puede constituir un ente especial, que luego se diluirá, o dotar al TSJ de poderes especiales para que encabece ese proceso. La justicia indígena, que ni es justicia, ni ha podido ser codificada, debe ser eliminada de nuestra legislación. Todos debemos ser iguales ante la misma ley.
Es necesario reducir la política en los municipios. En todos los municipios, excepto en los que son sede de capitales de departamento, se debe permitir la postulación de ciudadanos a título individual a los concejos. La competencia política entre partidos no tiene sentido en municipios donde la gente está estrechamente vinculada entre sí, conoce sus problemas y nunca los ha resuelto mediante la competencia entre fuerzas políticas, sino mediante la conversación y el acuerdo. Esto evitaría también la sucesión incesante de maniobras de unas fuerzas para arrebatar el concejo municipal a otras, y luego el puesto de alcalde. Paralelamente, se debe retomar el espíritu de la ley de participación popular. El Gobierno municipal es un gobierno local, debe contar con sus propios recursos y no estar sujeto a la voluntad de presidentes, ministros y burócratas que les imponen condiciones. La gente genera organizaciones sociales, pero solo se puede reconocer una organización de un mismo tipo en una circunscripción determinada.
Se debe revisar la legislación electoral. Ésta debe incluir la igualación de oportunidades entre los ciudadanos para constituir entidades políticas, incluyendo la reducción de requisitos; la restitución del financiamiento público a los partidos políticos; la obligatoriedad de los partidos de coparticipar en el costo total de elecciones (y no solo de impresión de las papeletas) si obtienen menos del 3% de los votos válidos; la libertad de los partidos y agrupaciones políticas para escoger su doctrina, principios y prioridades, sin ninguna obligación de incluir, como se hace ahora, algunos temas como la equidad de género, la veneración del Estado plurinacional y otros. Se debe introducir cuanto antes el voto electrónico y anticipado.
Hay que tomar medidas profundas y urgentes para crear, de una vez, el servicio civil profesional y estable que necesita el país. Es inevitable que existan los servidores públicos, pero si tienen que existir, que sean profesionales, elegidos por competencias y méritos, con conocimientos actualizados, evaluados permanentemente, sujetos a la producción de resultados, impedidos de acceder a los fondos públicos para beneficio propio, continuamente auditados, y ojalá, apreciados y respetados.
Es necesario cambiar radicalmente la legislación laboral ultraproteccionista existente actualmente, cuyos principales resultados son la creación de una opulenta aristocracia sindical, una creciente masa de trabajadores informales por cuenta propia y el alejamiento de inversores de todo tamaño que prefieren invertir su dinero en bienes raíces o en otros países, antes que aceptar las obligaciones sin fin que impone la legislación boliviana actual.
Las leyes agrarias, que ahora generan inseguridad jurídica en la propiedad de la tierra, limitan a los pequeños productores el pleno ejercicio de su derecho propietario y que favorecen la deforestación y la destrucción del capital natural, tienen que ser reemplazadas por otras, que actúen en sentido contrario. Eso apoyará la emergencia de un pujante sector agropecuario y la conservación de los recursos naturales.
En fin, hay muchos otros campos en los que los liberales deseamos introducir cambios profundos. Solo mencionaré las indispensables reformas de todos los servicios de educación y salud pública, la necesaria actualización y simplificación de la legislación y políticas de manejo de medio ambiente, el aseguramiento de los sistemas de jubilación y de la privacidad sobre la información personal.
Será difícil concebir todas estas medidas en detalle, y aún más, ejecutarlas, pero los beneficios que pueden acarrear son inmensos y duraderos. Los ciudadanos deben escoger.
* La Plataforma U.N.O. promueve el debate plural, pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.
