Tenemos dos tipos de asambleas legislativas en Bolivia: la plurinacional, que no es otra cosa que el congreso, y nueve departamentales, en cada uno de los departamentos del país. Los balances demuestran que una y otras están desprestigiados, particularmente en la región que nos interesa, que es el sur del país.
El anterior fin de semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, cargaba contra el legislativo plurinacional recordando que su presupuesto es de 260 millones de bolivianos, pero que solo ha aprobado 16 leyes. En promedio, hace 16,25 millones de bolivianos por ley, pero también 1,5 millones de bolivianos al año por cada uno de los 130 diputados y 36 senadores que componen la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Ahora bien, veamos esa cifra: 16 en este año y se hace poco, ¿qué tendríamos que decir, entonces, de Chuquisaca donde, según se puede ver ingresando a la gaceta oficial, solo se ha aprobado 13 en lo que va del año? Aquí también sería útil agarrar la calculadora y saber cuánto ha costado cada una de esas leyes.
Si revisamos cada una de esas normas, el balance es todavía más desalentador: Si restamos la Ley Departamental 516, que es la que fija la nueva escala salarial en la Gobernación de Chuquisaca, nos quedan 12 leyes y, entre estas, priman las declarativas; es decir, aquellas que declaran algo.
Si se compara con Tarija, donde en todo el año no se han tratado otras leyes que las propiamente procedimentales o asuntos internos en los que todos los asambleístas están de acuerdo, como en subirse el sueldo, los 30 millones de bolivianos aproximadamente que se manejan en la Asamblea Legislativa de ese Departamento no tienen comparación, aunque en el gasto por persona se quede en el millón de bolivianos para cada uno.
Pero por lo menos en Chuquisaca y Tarija es posible saber cuántas leyes fueron aprobadas este año, o los anteriores, ya que estas tienen sus gacetas oficiales digitales funcionando de manera más o menos ordenada. Donde hay incertidumbre y caos es en la de Potosí, que no sube sus leyes, ni las publica, desde 2015, lo cual podría representar un serio problema jurídico para la vigencia de las normas que no han sido publicadas.
En Potosí, los asambleístas del partido oficialista han sido calificados en reiteradas oportunidades de meros “levantamanos” que aprueban cuanto viene del ejecutivo y últimamente se han dado a la tarea de aprobar la construcción de canchas de césped sintético por valores que superan el centenar de millones de bolivianos.
Es evidente que el poder legislativo en el país es por demás necesario. De hecho, es la clave de las democracias serias y modernas, y por eso es el más amenazado de todos: desde hace demasiado tiempo se viene descalificando el pacto y la negociación como forma de hacer política, siendo que es lo esencial. No es un problema local. Todas las democracias en el mundo y especialmente las de sistemas presidencialistas están sufriendo embates de este calibre, ninguneando a los poderes legislativos al tiempo que se ensalza a los presidentes, que cada vez adoptan más maneras de caudillo. Su desprestigio es por demás evidente.
