Una institución es tal cuando tiene personería jurídica, el equivalente a los certificados de nacimiento en las personas naturales. Para obtener una se debe cumplir requisitos, entre los que se encuentra la aprobación y vigencia de un estatuto orgánico.
La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) es una institución con personería jurídica, puesto que tiene estatutos y estos, precisamente, definen cómo es que se elige a las personas que la dirigen. En función a esa normativa interna, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de esa entidad está presidido por la señora Amparo Carvajal.
La toma de la sede nacional de la Apdhb, por un grupo de personas en La Paz, evidencia la pretensión de anular por completo a una institución crítica y emblemática en la defensa de la democracia.
Bajo ese criterio innegociable gobierne quien gobierne, con el convencimiento de la primacía de la vigencia de los valores democráticos con verdadera justicia, paz y derecho al disenso, porque este es el mejor marco para la vida en sociedad, no se puede aceptar el atropello y con la sospechosa condescendencia de instancias del Estado, responsables de la seguridad ciudadana, y últimamente de la justicia, que rechazó las acciones presentadas por Carvajal.
No es el único caso de un paralelismo en una organización cívica, social o sindical en el país. Los políticos tienen que estar al margen de instituciones cuya existencia cobra sentido justamente por la ausencia de ellos. Desde el momento en que un gobierno o un partido alienta (o hace la vista gorda de) la toma o el asalto de una entidad como la Apdhb, algo debe llamar a la reflexión porque no anda bien. Como más o menos se ha dicho ya, hay antecedentes y, lamentablemente, no son nada halagüeños.
Al menos en los últimos 12 años se vienen advirtiendo intentos de controlar políticamente una veintena de organizaciones de la sociedad civil.
La toma de la Apdhb, ahora física, se concretó con la imposición de una directiva paralela y ajena al espíritu de esta organización, nacida en la clandestinidad en tiempos de la dictadura militar.
Desde su creación, en 1976, esta institución ejerce y ejerció un activismo permanente de defensa de los derechos y libertades ciudadanas frente al abuso del poder estatal. Ese afán benefició, entre otros, a los cocaleros que hoy se constituyen en uno de los sectores fuertes del oficialismo.
“Los enfrentamientos entre la Fuerza de Tarea Conjunta y cocaleros en el Chapare es consecuencia de incumplimientos a convenios, no se está respetando la tregua que se acordó con el movimiento cocalero y esto está provocando otra espiral de violencia”, alertaba en septiembre de 2004 el secretario general de la Apdhb, en ese entonces.
Nada garantiza que los afines de hoy sean los descontentos de mañana y, entonces, no existan las organizaciones democráticas, independientes y apolíticas que aseguren su defensa ante los abusos del poder. Lo que ahora se hace podría afectar, cual boomerang, en el futuro, cuando se necesite del respaldo de una asamblea de derechos humanos sin contaminación partidaria. (R)
