Todo ciudadano necesita saber qué está pasando en su país. Ya no es suficiente que aparezca el Director del INE para decir que los precios marchan de una forma cuando la realidad, la que se palpa en los mercados, muestra otra cosa.
La información veraz y oportuna es lo que toda sociedad requiere para llevar adelante sus actividades cotidianas y tomar las mejores decisiones en cada paso que da. Si contiene distorsiones o si se la oculta con la intención de no dar a conocer la verdad, la sociedad igual continuará en lo suyo, pero ya con sus propias interpretaciones de la realidad. Aquí ya se entra al terreno de la desconfianza, de la especulación, de la irracionalidad, de la disfuncionalidad.
Los indicadores económicos que proporciona el Gobierno nacional suelen generar escepticismo entre los economistas y organismos internacionales que estudian y hacen seguimiento a diversas actividades socioeconómicas del país y de la región.
Los datos sobre inflación, por ejemplo, son indicadores que no terminan de convencer al conjunto de la población, por las contradicciones que saltan a la vista. Por un lado, los voceros gubernamentales hablan de una inflación acumulada (hasta mayo) del 0,6% y de un 2,9% para los últimos 12 meses, cifras que evidentemente son muy inferiores a las que se dan en algunos países de Latinoamérica e incluso del mundo. Si bien eso no se discute, lo que sí genera preocupación es que no se mencione que Bolivia paga un precio muy alto por mantener esos niveles inflacionarios bajo control, a través de las subvenciones estatales a la importación de hidrocarburos, y también por mantener un tipo de cambio fijo.
Esa información omitida causa incertidumbre porque tarde o temprano el Gobierno tendrá que reducir el déficit fiscal, que ya se viene arrastrando desde hace más de un lustro, y porque la persistente escasez de dólares comienza a tener un efecto en los precios de productos de consumo masivo. Pese a la evidencia, la versión oficial continúa siendo la misma: que la oferta de la divisa extranjera satisface la demanda. Tal afirmación gozaría de mayor credibilidad si el Banco Central de Bolivia reanudara la publicación de las Reservas Internacionales Netas, la que fue abruptamente retirada el 8 de febrero pasado cuando las RIN habían bajado a niveles preocupantes.
Sea con datos maquillados u omitidos, lo cierto es que la población tiene su propio método para verificar si la versión oficial coincide con el comportamiento real de la economía. Cada jefe o jefa de hogar sabe lo que gana al mes y puede comparar fácilmente su poder adquisitivo de un mes para otro. Pronto comienza a relacionar que la existencia de un tipo de cambio paralelo está comenzando a provocar la subida de precios de algunos productos, sobre todo, de los importados.
Otros indicadores que suelen ser destacados por diferentes ministerios tienen que ver con la producción y la generación de empleo. No ahorran elogios al momento de hablar del Modelo Económico Social Comunitario Productivo, vigente desde hace más de 15 años; aseguran que, gracias a este modelo, el desempleo en el país se mantiene bajo y que más bien ha habido incrementos significativos en el número de ocupados en diversos sectores como el transporte, la construcción y las actividades recreativas. Sin embargo, este balance positivo no coincide con los criterios de organizaciones como el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla). La verdad es la que debe imperar para que, a partir de cifras reales, la economía crezca y esto redunde en beneficios para la sociedad, especialmente para aquellos que más lo necesitan.
