La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaló el 1 de octubre de 2018 una audiencia en Boulder, Colorado (EEUU) con el fin de recibir información y/o, en su caso, denuncias respecto a la independencia judicial y operadores de justicie en Bolivia. “En esa ocasión se pudo observar con preocupación que Bolivia no estaba cumpliendo con sus obligaciones internacionales para garantizar la independencia judicial, ni en la dimensión institucional como tampoco en la individual”, dice el Índice de Percepción Ciudadana sobre la Justicia en Bolivia (IPCJ) elaborado por Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública, en coordinación con la Fundación Construir.
El IPCJ es parte del “Informe sobre el Estado de la Justicia en Bolivia 2022”, presentado a fines de junio pasado y ya disponible en el sitio web de la mencionada fundación.
Ese documento tiene 260 páginas y desgrana todos los detalles sobre el funcionamiento de la justicia en Bolivia sobre la base de informes provistos por el propio Órgano Judicial. Como era de esperarse, el denominar común es la desconfianza de los bolivianos en la justicia.
La desconfianza ciudadana en el sistema de administración de justicia y las evidencias de su falta de independencia respecto del poder político, especialmente del Órgano Ejecutivo, no son una novedad en Bolivia ni resultan ser solo una idea generalizada, pues han sido constatadas por misiones internacionales.
Menos conocidas son las posibles consecuencias que podrían tener en la interacción social esas taras que ensombrecen al sistema judicial nacional.
El Índice resulta de un trabajo de acopio y sistematización “de las percepciones de la población boliviana sobre el desempeño del sistema de justicia en diferentes dimensiones de acción, incluyendo eficiencia, confiabilidad, transparencia e independencia”, a partir de la aplicación de una encuesta de opinión pública aplicada en los ocho mayores municipios del país y 10 intermedios, en los nueve departamentos.
La evaluación que hacen los bolivianos del estado y funcionamiento de la justicia boliviana es “mala o al menos (…) insatisfactoria. Tanto en la confianza que inspiran sus instituciones, la transparencia del sistema, su eficiencia en luchar contra la corrupción, la independencia del sistema, su desempeño general y los principios que regulan su operación, en todas las dimensiones la calificación es insatisfactoria, en el rango de 30 a 40 puntos en una escala de 100 en la mayoría de los índices y en los mejores casos en el rango de 40 a 50 puntos. En todos los casos, la calificación del funcionamiento del sistema no llega al lado positivo de la escala”, señala el informe.
El corolario de esa desconfianza en la administración judicial podría ser la idea que se hacen los bolivianos respecto de “la legitimidad de buscar justicia por mano propia”. Aquí el resultado es preocupante, pues un 45% de los encuestados estima que esa actitud “no es legal, pero se comprende” y un 28% la percibe como un derecho. Solo un 27% opina que “es un crimen y debe ser castigado”.
Esos resultados del IPCJ evidencian “una apertura creciente al uso de la violencia como recurso para resolver conflictos y desacuerdos en un ambiente generalizado de impunidad y desprotección por ineficiencia de la administración de justicia”.
En otras palabras, el sistema está fallando y la reacción del colectivo social es la peor que podía esperarse: el retorno a la violencia tribunal y otros métodos que se suponía superados en un Estado de Derecho.
