Lo primero que debe quedar claro es que lo ocurrido hace 43 años no solo fue un delito, sino un conjunto de delitos que, por sus características, se denomina “golpe de Estado”. También fue una muestra del extremo al que pueden llegar los intereses político-delincuenciales como los de la mafia narcotraficante que se encaramó en el poder con García Meza y Arce Gómez.
Aunque en el golpe primó más el interés delincuencial, los políticos ayudaron mucho al socavamiento institucional del país con un parlamento antipatriótico que nunca consideró los intereses nacionales sino solo los de los partidos representados en él. Debido a ello, y ante la inminencia de que el Congreso tendría que volver a discutir sobre quién sería el presidente de la República (Siles Suazo ganó las elecciones, pero no obtuvo la mayoría absoluta), García Meza dio el golpe con el argumento de que así estaba salvando al país de volver a caer en el caos del empantanamiento parlamentario.
Ahora vivimos en democracia y la evidente falta de debate entre los estamentos políticos del país ha sido aprovechada por el partido en función de gobierno para forjar toda una teoría en la que se presentan los hechos de octubre y noviembre de 2019 como un golpe de Estado, pero la realidad, tanto jurídica como social, es otra.
El jueves 17 de julio de 1980, estalló el golpe militar del general Luis García Meza Tejada, que costó la vida de más de medio millar de bolivianos y desató un régimen de terror en el que fueron suspendidas las garantías constitucionales y se implantó el asesinato y la tortura como métodos para acallar las protestas.
Se ha demostrado que, tras el alejamiento del poder del general Banzer, los intereses del narcotráfico se vieron seriamente afectados, así que se buscó la manera de resolver esa situación de crisis. Por otra parte, políticos como Marcelo Quiroga Santa Cruz propusieron acciones para investigar los delitos cometidos en la dictadura de Banzer, así que este comenzó a preocuparse. Entre el interés de proteger los intereses del narcotráfico y el banzerismo, surgió la idea de retomar el poder y, de paso, silenciar a quienes denunciaban los crímenes del dictador. La única manera viable era a través de un golpe de Estado.
Hubo una planificación previa que incluyó asesinatos selectivos como el del jesuita Luis Espinal y del propio Quiroga Santa Cruz, que eran figuras reconocidas a nivel nacional. Este elemento, por ejemplo, estuvo ausente en los sucesos de 2019.
Además de los asesinatos, están la censura de prensa y un elemento sine qua non del conjunto de delitos denominado “golpe de Estado”: la disolución del congreso.
En 1980, todas las radios de La Paz fueron tomadas por los militares y García Meza, que no era senador ni diputado, se proclamó presidente. El golpe estaba consumado. Pero, además, surgió otro elemento inconfundible: se suspendió la vigencia de la Constitución y, como se sabe, se disolvió el congreso. Los censores de prensa funcionaron en todo el país, que funcionó bajo estado de excepción, con toque de queda incluido.
Ese fue un golpe de Estado. Los hechos que no reúnen esas características no lo son, aunque miles lo repitan miles de veces.
