El conflicto desatado en el municipio beniano de Riberalta, a raíz del operativo que destruyó dragas que realizan actividad minera ilegal, ha puesto la luz sobre esta problemática que toca desde hace varios años a familias indígenas del norte de La Paz y del departamento de Beni.
Se trata de una actividad que genera enormes ganancias para particulares, mayores que los tributos al Estado, a la par de graves daños al medioambiente y a las comunidades, que quedan divididas entre quienes defienden su entorno y aquellos que deciden enrolarse como trabajadores en las mineras, ante las presiones y/o la falta de recursos. Ello ha traído, como consecuencia, maltrato a los indígenas de las tierras bajas y una cadena de acciones delictivas, según han denunciado algunos dirigentes.
Este es un antecedente necesario porque así se puede entender que el operativo ejecutado por policías y militares a orillas del río Madre de Dios, no basta, aunque es una señal positiva del Gobierno.
Justamente por la complejidad que caracteriza a la extracción de oro y su comercio, la manera de encararlo merece actuaciones en varios frentes, de manera sostenida en el tiempo, tiempo que se ha perdido en los últimos años.
En Beni, las reacciones de rechazo al operativo no demoraron, aunque ahora hayan menguado, porque, como ya apuntamos, se trata de una actividad que copta a una parte de los pobladores mediante fuentes de empleo, generalmente precarizadas.
¿Qué hacer ante esa realidad? Lo ha señalado la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), una de las organizaciones denunciantes en este tema:
“Exigimos (…) realizar un trabajo serio de investigación para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal (…). Exigimos que sean estos responsables quienes sean aprehendidos y no los trabajadores más vulnerables”, reza un comunicado.
Entonces, la acción gubernamental debe conducir a la detención de los propietarios de las 27 dragas cuya destrucción significó una afectación “por un valor de 1,5 millones de dólares” a estas actividades ilícitas”, y después, seguir con las investigaciones
De manera paralela, el Estado tiene ante sí otro desafío: actuaciones y reparaciones por la contaminación con mercurio, usado en la minería aurífera.
También se han dado pasos en ese sentido, pero solo el tiempo dirá si son suficientes.
En ambos casos, no estamos refiriéndonos únicamente al nivel central, sino también a las gobernaciones y alcaldías involucradas que, alegando que no es su tuición, han cerrado los ojos a esta realidad. Pese a esto, ante la oportunidad, se pronuncian; un ejemplo: el gobernador de La Paz, Santos Quispe, a quien varios sectores ya han reprochado su actitud.
Es, pues, de todos el desafío porque, de lo contrario, la problemática no hallará una solución real. Si el Estado no ofrece alternativas de empleo a los pobladores, la minería ilegal seguirá extendiéndose. Si no toca a todos los vulneradores de normas, quedará claro que solo fue por los más débiles. Que la defensa de la Madre Tierra deje de quedar en el discurso.
