La minería, como actividad económica, genera ganancias pero, al mismo tiempo, depreda el medio ambiente. Esta verdad de Perogrullo suele pasar inadvertida en lugares en los que la minería es una actividad secular y, por lo mismo, forma parte de la vida de las personas, como ocurre en varias localidades de los departamentos de Oruro y Potosí.
Pero, cuando la minería aparece como actividad reciente, los habitantes de la zona afectada reaccionan y surgen cuadros como el de Riberalta, Beni, donde se ha ejecutado un vasto, espectacular y prolongado operativo de policías y militares a mediados de mes en las orillas del río Madre de Dios.
Se trató de una acción destinada a combatir la minería aurífera ilegal, una actividad que genera enormes ganancias, tributos al Estado, beneficios pecuniarios para los trabajadores y sus familias y, también, graves daños al medioambiente y las personas, maltrato a los indígenas de las tierras bajas y, probablemente, una cadena de acciones delictivas.
Precisamente por la complejidad que caracteriza a la extracción de oro y su comercio, la manera de encararlo merece intervenciones en varios frentes y una acción sostenida en el tiempo.
Espectacular, el operativo de marras, encabezado por el propio Ministro de Gobierno, desplegó 90 efectivos en vehículos aéreos, terrestres y acuáticos que intervinieron en comunidades ribereñas del río Madre de Dios, donde destruyeron “de manera inmediata” 27 dragas.
Aprehendieron a 57 personas y, después, la Fiscalía las imputó a todas por explotación ilegal de minerales y tenencia ilícita de armas. Diecinueve de ellas fueron encarceladas en detención preventiva y el resto guardarán detención domiciliaria.
En Riberalta y otras poblaciones benianas, las reacciones de rechazo al operativo no demoraron: mototaxistas, fabriles y balseros bloquearon las carreteras. Y la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) —que ha reclamado en varias ocasiones por los perjuicios de la minería para los habitantes de los lugares donde se desarrolla esa actividad— cuestiona al Gobierno.
“Exigimos (…) realizar un trabajo serio de investigación para identificar a los verdaderos responsables de la minería ilegal (…). Exigimos que sean estos responsables quienes sean aprehendidos y no los trabajadores más vulnerables”, señaló la Contiocap en un comunicado. La suya es una exigencia razonable, pues la acción del Estado debe conducir a la detención de los propietarios de las 27 dragas cuya destrucción significó una afectación “por un valor de 1,5 millones de dólares” a estas actividades ilícitas.
Al parecer, el Gobierno está decidido a ir más allá de las intervenciones, sin duda necesarias pues, según los indígenas tacana, existen más de 300 dragas que extraen oro en el río Madre de Dios y contaminan esas aguas con mercurio. Precisamente esa contaminación está en la mira de tres ministerios, que anunciaron acciones para controlar y disminuir el uso indiscriminado de mercurio en la minería aurífera.
Las determinaciones gubernamentales en Riberalta son legales y necesarias, pero llevan a preguntarse por qué no se actúa de la misma manera con otras ilegales que son denunciadas desde hace mucho tiempo en Oruro y Potosí. En este último caso —que es el más conocido—, acciones ejecutadas en zona prohibida están provocando el paulatino hundimiento del Cerro Rico. A los pies de la gran montaña, operaciones mineras ilegales contaminan las aguas de los reservorios construidos en tiempos coloniales. Los daños al medioambiente son diarios, sostenidos y evidentes.
