El Estado boliviano goza de un sistema integral de control a la gestión pública. Comprende un control propio, una fiscalización, un control social, un control gubernamental y un control jurisdiccional. Este sistema no controla únicamente a los gobiernos, sino también a las demás entidades estatales e, incluso, a las no estatales que administran recursos fiscales.
El control propio abarca el control ejecutivo de la cadena de jefes sobre las unidades organizacionales dependientes, el control operativo a cargo de supervisores y de determinados administrativos, y el control jurídico a cargo de las unidades jurídicas, entre otros.
La fiscalización está a cargo de los respectivos órganos deliberantes. Dado que en esto existe un mandato para el control delegado por la propia ciudadanía (mediante el voto), ese control no puede ser restringido, sino que puede abarcar todo un conjunto de mecanismos capaces de darle eficacia.
En el control social, que es el efectuado por la sociedad civil, esta lo puede ejercer de forma individual o mediante alguna institución u organización.
El control gubernamental está a cargo de los organismos de control y defensa como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la Defensoría del Pueblo y la Defensoría de la Madre Tierra (que aún no termina de crearse). La primera determina la responsabilidad pública, la segunda vela por los intereses del Estado y las dos últimas por la no vulneración de los derechos humanos ni de los derechos de la naturaleza, por parte de los gobiernos.
Finalmente, el control jurisdiccional está a cargo del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). El primero hace el control de legalidad (contencioso y contencioso administrativo) y el segundo, el control de constitucionalidad. Existe también el control regulatorio sobre la sociedad civil que se hace en el marco de la función de administrador público de los gobiernos.
Siendo un sistema de control tan completo, la gestión pública debiera ser mucho más eficaz y transparente. Sin embargo, no se ve así, debido al diseño de cooptación política que existe sobre prácticamente todas las instancias de control. Su independencia es uno de los grandes desafíos de la democracia boliviana, ya que, sin ella, ningún tipo de control es eficaz, siendo inútil la inversión fiscal en su funcionamiento.
