Los conflictos que a diario se multiplican entre militantes y afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) acaparan la atención de los bolivianos no por otra razón que la evidente: la política nacional, a falta de bancadas opositoras fuertes, hace mucho tiempo que gira en torno a lo que hace o deja de hacer el partido en función de Gobierno. Pero, aparte de esta consideración, aunque en Bolivia no se note, las pugnas tarde o temprano suelen aparecer en todas las organizaciones políticas, y no en pocos casos se llega a la división.
En lo que hace a la coyuntura presente, el enfrentamiento entre los bandos rivales del MAS se ha intensificado y ampliado a nuevos escenarios, en una escalada de hostilidades cuyo final por ahora es incierto, lo mismo que las consecuencias de esa espiral ascendente del conflicto en la gestión del país.
La abierta disputa entre las dos facciones oficialistas —por un lado, los radicales seguidores de Evo Morales y, por el otro, los leales al presidente Luis Arce, llamados renovadores— claramente tiene como objetivo apuntalar a los posibles candidatos a las elecciones generales de 2025 y lleva ya cerca de 20 meses.
En todo este tiempo se han registrado episodios de recrudecimiento y también, aunque en menor cantidad, una especie de reconciliaciones pasajeras por motivos puntuales. Pero, en las últimas semanas, el conflicto ha escalado a tal punto que se podría decir que difícilmente haya paz en el MAS.
Hasta hace cuatro meses, el conflicto estaba circunscrito a los escenarios de la Asamblea Legislativa Plurinacional, los tribunales de justicia y los medios de comunicación. Desde principios de julio, el impacto y efecto divisor del problema se ha extendidos a las mayores organizaciones sociales que sostienen al MAS desde las bases.
La primera manifestación de esto fue el apoyo a Arce y su gobierno y la advertencia al sector evista de que no permitirán “cualquier intento de desestabilización”, proclamados por el Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana (COB).
El lunes pasado, el de ministro de Justicia, Iván Lima, atizó aún más las hostilidades intrapartidarias anunciando un juicio penal contra Morales por razones personales. “Aquí se rompió todo”, declaró, como respuesta, el vicepresidente del MAS y leal al jefe de su partido, Gerardo García.
Aun así, la ruptura se hizo más evidente los últimos días en la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia —uno de los pilares del Pacto de Unidad—, que ahora tiene dirigencias: una arcista elegida en Sucre y otra evista, en el Chapare.
Y en El Alto, el XXIV Congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) —otra organización fundamental en el MAS— se convirtió en el escenario de batallas campales entre ambos bandos y acabó, también, con dirigencias paralelas.
Se podría pensar que el fin de esas pugnas llegue en el Congreso Nacional del MAS convocado para los primeros días de octubre, pero eso es incierto, pues el Tribunal Supremo Electoral aún no aprobó su realización.
En todo caso, el conflicto parece tender a crecer y, a este paso, no sería raro que el MAS siga el mismo camino que el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el otro partido que tuvo las mayores victorias electorales en la historia del país, pero que acabó dividido en varias fracciones.
A este panorama hay que agregarles dos serios problemas que deberá afrontar de aquí a 2025 la actual gestión de gobierno: la economía —incluyendo al contrabando— y el narcotráfico.
