Disculpe el lector. No me estoy refiriendo a seres horripilantes que surgen de los laboratorios de científicos desquiciados que manipulan el ADN de nuestros maíces nativos y lo mezclan con el de aves de rapiña, como creen muchos de los feligreses de la religión anti-OGMs. Estoy hablando de las entidades y empresas que ha creado el régimen masista en nombre de las confusas banderas de la seguridad y soberanía alimentarias.
El régimen está convencido de dos mantras: que todo lo que se consume en Bolivia tiene que ser producido en Bolivia, y que esa producción debe estar a cargo de empresas públicas con dinero público: el de los ciudadanos. Se equivoca.
Empecemos por las entidades. Sin contar al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que contiene unidades que podrían ser en sí mismas entidades diferentes (como el Viceministerio de Desarrollo Alternativo) y el Tribunal Agroambiental, cuya utilidad hasta ahora nadie conoce, el gobierno tiene: el Programa para la Seguridad Alimentaria, la Institución Pública Desconcentrada para la Soberanía Alimentaria, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, el Instituto Nacional de Reforma Agraria, la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra y la Institución Pública Desconcentrada de Pesca y Acuicultura.
Ahora, las empresas. Primero las que están funcionando. Son: Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos, Empresa Pública Productiva de Cartones de Bolivia, Empresa Azucarera San Buenaventura, Empresa Papeles de Bolivia, Empresa Boliviana Comunitaria de la Coca, Empresa Estratégica de Producción de Semillas, Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes, Empresa Boliviana de Almendras y derivados, Lácteos de Bolivia, Empresa Productiva Apícola. Las tres últimas se fusionaron y formaron la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados.
Ahora las que fueron anunciadas, pero no sabemos si funcionan o no. Son: planta de liofilización en Villa Tunari, planta procesadora de aceite (altiplano), complejo productivo de camélidos Yacana, planta procesadora de quinua en Soracachi, planta procesadora de stevia en Sinahota, planta piscícola en Tiquina y planta procesadora de zanahoria en Soracachi. Hay que añadir todas las “plantas procesadoras y centros de acopio de papa”, que el gobierno dice estar implementando, en El Alto, Incahuasi, Ocurí, Chullchungani, Tiquipaya, Tiraque, Calamarca, Morochata, Cairoma, Sica Sica; otra familia de “plantas de transformación de yuca” en Riberalta, San Miguel de Velasco, Guayaramerín y Entre Ríos; la planta procesadora de arroz en San Andrés, Beni; la planta procesadora de frutas en Sapahaqui, un centro de almacenamiento y transformación de granos en Yacuiba, una planta procesadora de zanahoria en Oruro y una planta procesadora de pescado en las márgenes del Titicaca.
Estas entidades y empresas dedicadas al negocio agropecuario son ineficientes, no rentables y endiabladamente lentas por varias razones: no tienen un motivo financiero para existir, sino solamente un objetivo político: contentar a la clientela política aquí o allá o a los jerarcas del partido, que así creen ver plasmarse sus divagaciones sobre el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. Han sido financiadas por el gobierno, no tienen ningún motivo para esforzarse para recuperar las inversiones. Sus gerentes y directivos cobran sus sueldos sin importar el resultado financiero de las entidades y empresas que dirigen; nunca enfrentan las consecuencias financieras de sus malas decisiones, como ocurre en la empresa privada. Operan con costos altísimos, sus ingresos no alcanzan para cubrirlos, pero logran sobrevivir hasta la gestión siguiente porque el TGN financia sus déficits.
Estas entidades y empresas excesivas tienen efectos de otra naturaleza: hacen que el gobierno ejecute actividades agropecuarias que los ciudadanos y sus familias podrían ejecutar mejor como negocios privados; quitan a los consumidores la libertad de invertir y escoger lo que quieren consumir; dan empleo a muchísimos militantes que de otro modo estarían desempleados por sus escasas capacidades, y contribuyen al enriquecimiento de los capangas mejor acomodados en la burocracia del partido.
El gobierno intervencionista y socialista disfrazado de indigenista quiere hacernos creer y convencerse a sí mismo de que está avanzando, cuando cada día demuestra que no puede casi nada.
* El autor es miembro de la plataforma Una Nueva Oportunidad, que fomenta el debate pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.
