Wilfredo Chávez Serrano no renunció al cargo de Procurador General del Estado y tampoco fue destituido. Lo que ocurrió con él es una tercera situación, muy común cuando se trata de deshacerse de personas incómodas: lo renunciaron.
Se trata, obviamente, de otro efecto de la fractura en el partido de gobierno. Con este alejamiento, Chávez se suma a la lista de autoridades del Órgano Ejecutivo de origen “evista” que fueron destituidas por la administración de Arce, como los exministros de Minería, Félix Villavicencio, y de Salud, Jeyson Auza, además del director general ejecutivo de Vías Bolivia, Emilio Zurita, y el viceministro de Educación Regular, Bartolomé Puma. Tomando en cuenta los antecedentes del ahora exprocurador, no sorprende su alejamiento, sino el hecho de que otros hayan tenido que dejar sus cargos antes de él.
Es así porque, de todos los dignatarios de la actual administración, designados por el Presidente, Chávez ha sido un referente de incongruencias, incompetencia y ejercicio abusivo de las funciones que desempeñó desde su posesión, en noviembre de 2020.
Quizás una de sus acciones más coherentes con los afanes políticos, no administrativos, del oficialismo ha sido su activa participación en la campaña del Movimiento Al Socialismo (MAS) por imponer la fantasía del “golpe de Estado”, para borrar el oprobio de lo acontecido en las fallidas elecciones de octubre de 2019 y la huida de Evo Morales del país en noviembre del mismo año. Una actitud natural en alguien que se desempeñó como viceministro en tres ocasiones y como ministro en una, durante los gobiernos de Morales de quien, además, fue luego su abogado personal cuando su defendido estaba fuera del país.
Ese trabajo ha sido tal vez el precedente profesional más notorio de este personaje, hasta que fue designado Procurador General del Estado. Mientras cumplía esas funciones, ha sido responsable del fracaso de la defensa de los intereses del Estado en tres procesos arbitrales y uno de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), según constataciones de un diputado opositor que siguió de cerca la gestión de Chávez.
Al contrario del pobre desempeño de las atribuciones que la Constitución establece para el cargo que ejercía, el ahora exprocurador logró cierta relevancia mediática por ocurrencias ajenas a sus competencias.
Por ejemplo, en enero de 2022, Chávez, doctor en Derecho Constitucional, atribuía a una conjura la escalada de contagios de covid-19 en Santa Cruz. Según él, “la derecha (estaba) conspirando. Y (había) conspirado de manera deliberada en Santa Cruz. Tenemos resultados, tenemos cifras”.
No era la primera vez que incurría en algo tan fuera de lugar en el ejercicio de sus funciones. En septiembre de 2021, el Procurador tuvo la iniciativa de efectuar, durante casi una semana, un recuento de actas electorales de los fraudulentos comicios de 2019. Una acción del todo inútil, pues sus efectos carecían de valor legal, según aclaró el Presidente del Tribunal Supremo Electoral.
Otras acciones, como su —también inútil— viaje a Estados Unidos para asistir al inicio del proceso que le sigue ese país al exministro de Gobierno de Jeanine Áñez Arturo Murillo, o su afán —más figurativo que eficiente— en el caso de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos evidencian que, en casi tres años, Chávez jamás encajó a cabalidad en las funciones a las que renunció “con la conciencia tranquila”.
No se fue en silencio, sino, como era de esperarse, dando un portazo, y Morales, consecuente, le hizo coro saliendo en su defensa; es, convengamos, una de las pocas acciones retributivas que se le conoce al expresidente.
