Hace una semana, en Apolo, departamento de La Paz, hubo un muerto y al menos cinco heridos, todos por disparos de armas de fuego, en un choque entre personas vinculadas con la minería aurífera.
“Son grupos irregulares o intentos de iniciar actividades mineras ilegales”, informaba, dos días después de ese enfrentamiento, la Directora de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. Es más, “se ha podido determinar que no existen derechos mineros otorgados en el área”, añadía la alta funcionaria gubernamental.
Los últimos enfrentamientos motivados por la explotación de yacimientos auríferos y los pobres resultados de la aplicación de una reciente ley específica, en lo referente a la compra de oro por el Banco Central de Bolivia (BCB), parecen evidenciar que este tema está fuera de control y que es otro más de los problemas mayores que enfrenta el Gobierno.
A principios de este mes, en Cocapata, Cochabamba, comunarios del lugar y presuntos mineros ilegales se enfrentaron por el control de una veta de oro. ¿El saldo? Al menos 10 heridos y personas retenidas.
En Mapiri, La Paz, el último domingo de agosto, un derrumbe mató a tres personas que buscaban oro. El fatal deslizamiento fue provocado por la degradación del terreno como efecto del desvío de un río ejecutado por mineros auríferos que trabajan bajo un mínimo control del Estado y contaminan con mercurio las aguas fluviales.
Más del 90 por ciento, 22 toneladas en 2020, del oro que se produce en Bolivia procede de las cooperativas auríferas, como lo proclaman los dirigentes de la federación que las agrupa y que logró compromisos muy convenientes del Gobierno para facilitar la aprobación de la Ley de Compra de Oro Destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales, promulgada el 5 de mayo de este año. El propósito principal de esa norma —enunciado en su denominación— se cumple con resultados ínfimos, comparados con los de su otra finalidad: la venta del oro de las reservas del Estado: 17 toneladas “convertidas en divisas” en menos de tres meses.
Esos datos muestran que Bolivia se queda sin sus reservas estatales de oro y que la nueva ley del sector es ineficiente para controlar el mercado de ese metal.
Las operaciones realizadas entre mayo y agosto por el BCB con las reservas de oro del Estado, además de evidenciar el propósito fundamental de esa ley, revelan que el fin publicitado para impulsar su aprobación está lejos de concretarse.
En otras palabras, el dinero obtenido de la “conversión” de ese oro en divisas sirvió para pagar los compromisos del Estado por concepto de deudas que tiene con agentes extranjeros. Esto bien puede significar que, sin esa monetización de las reservas de oro, Bolivia no habría tenido recursos para honrar sus compromisos ni para cubrir otros gastos de la administración pública.
En contrapartida de esas “57 operaciones de conversión de oro a divisas”, el BCB compró en el mercado interno “68 kilos de oro fino” y se “registró a 10 vendedores (...) que cumplen con la debida diligencia requerida” (las condiciones impuestas por la normativa vigente).
Esta segunda parte de lo que refiere el informe del BCB sobre sus operaciones con oro revela las dificultades —por decirlo de alguna manera— que tiene el ente emisor para cumplir con el primero de los objetivos de la Ley del Oro: “la compra de oro del mercado interno para el fortalecimiento de las Reservas Internacionales”.
Y ese fue el propósito en el que más insistió el Gobierno para conseguir la aprobación en la Asamblea Legislativa de su proyecto de Ley del Oro.
