Teóricamente, un régimen de gobierno socialista debería ser favorable para el trabajador, el obrero, y, en el país, supuestamente, llevamos varios años con uno de esas características. ¿Qué tan protegidos están los trabajadores del actual Estado Plurinacional de Bolivia?
Las fuentes oficiales alardean de que el país no tiene, en estos momentos, un problema de desempleo. La oposición, por su parte, tampoco ha hecho nunca del trabajo una bandera con la que se podría decir que contradiga, seriamente, esas presunciones; ni siquiera del conflicto real del mundo laboral que es, a todas luces, la informalidad.
Más allá del debate de si tenemos o no un problema de desempleo —que seguramente permanecerá sobre la mesa por mucho tiempo—, es necesario entrar al fondo del asunto y hablar de la jubilación obligatoria tomando en cuenta todas sus perspectivas y aristas, pues básicamente las personas no se jubilan por dos motivos: Uno, porque no pueden al no haber cotizado lo suficiente, y, dos, porque el resultado líquido de su pensión es raquítico.
Los datos más alarmistas, recogidos incluso por entidades como el Fondo Monetario Internacional (FMI), hablan de una informalidad de hasta el 80 por ciento. Oficialmente, había 2,5 millones de afiliados a la seguridad social de largo plazo a finales de 2021 (es el último dato oficial sobre esto que tiene el Instituto Nacional de Estadística, INE) sobre los 6,7 millones de ocupados registrados en esa misma fecha por la misma entidad.
De estos 2,5 millones de personas que aportaba a las AFPs, es evidente que la mayoría lo hace desde el sector público, aun con sus precarios contratos de consultor, mientras que la inmensa mayoría que no aporta lo hace porque desconoce el sistema, porque prioriza el ingreso líquido —y después, Dios proveerá— pero sobre todo porque su empleador ni se plantea esa posibilidad. Otro dato recogido en el INE que explica estas cosas es que el 30% de la población ocupada lo hace como “trabajadores de servicios o vendedores” y el 20% en “construcción y otros oficios”.
La población está envejeciendo mucho más rápido de lo que las nuevas generaciones toman conciencia del sistema jubilatorio. Esto representa un inminente problema de sostenibilidad: demasiadas personas mayores sin ingresos suficientes consumiendo servicios de salud y otros que alguien deberá atender por un sentido de elemental responsabilidad.
Es posible que en algunos rubros como el de la medicina —donde además se controla mucho el acceso a la carrera profesional hasta el punto de que faltan médicos en el país— nadie quiera ni oír de la jubilación, por el mísero monto en comparación con sus salarios públicos e ingresos privados. Habrá que tomar algunas medidas específicas, pero, para el común de la población, lo urgente es que las empresas se formalicen y los trabajadores tomen conciencia de las necesidades del futuro.
El debate resulta importante y, aunque con seguridad ha venido a colación de las urgencias económicas, es importante que se aborde con profundidad y buscando lo mejor para todos los implicados en el principal asunto de un país, por mucha idiosincrasia y política que se cruce: su productividad laboral.
En este tema de fondo deberían estar ocupados los gobernantes, en el Ejecutivo, y los opositores en el Legislativo. Pero, en lugar de eso, la política del país se ha reducido a una lucha encarnizada por una candidatura en un solo partido.
Ante este panorama pedir un Pacto de Estado seguramente parecerá excesivo, pero hay que hacerlo.
