Todo el mundo sabe que el narcotráfico es una actividad próspera que lleva mucho tiempo controlando vidas y gobiernos. Pero, si se presta atención a lo que está pasando en el resto del planeta, ya existen cambios y hasta se habla de reemplazar a la cocaína como uno de los estupefacientes de mayor consumo.
Uno de los ofrecimientos que ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a sus votantes es el de propiciar un cambio de paradigma en la lucha contra las drogas a nivel internacional, cambiando el foco de la responsabilidad desde los países productores a los países consumidores.
El planteamiento no es nuevo, aunque las dotes oratorias de Petro le hayan dado otro lustre y tal vez una claridad mayor en los argumentos, apoyado con datos y con una mayor determinación: para Petro es un objetivo finalista, mientras que en otros planteamientos similares puestos sobre la mesa en organismos multilaterales como Naciones Unidas por otros líderes, como en este caso el expresidente Evo Morales con el tema de la hoja de coca, el objetivo parecía ser simplemente prender la luz y dejarla ahí, para poder recurrir a ella en momentos de necesidad política.
Petro viene señalando algunos elementos muy concretos sobre la realidad del sector y sus consecuencias en un continente que ha vivido con el estigma de la cocaína, siendo a su vez la droga más demandada en occidente. Al menos, hasta ahora.
Los tiempos han cambiado en el mercado. Hace unos 20 años que los cárteles hiperlocales que expandieron su negocio conquistando territorios a sangre y fuego —tipo Pablo Escobar y compañía— entraron en declive en Colombia y cedieron el protagonismo a los cárteles similares de México, que además aumentaron su cartera de oferta de drogas disponibles para optimizar su sistema logístico: marihuana, opioides y drogas sintéticas se unieron a la cocaína y también se establecieron otras conexiones a lo largo y ancho del mundo.
En la actualidad, el narcotráfico se ha convertido en una empresa transnacional con múltiples actores y no necesariamente vinculados al territorio. Sebastián Marset, uruguayo conectado al negocio en Brasil, prófugo en Bolivia y acusado de asesinar a un fiscal paraguayo en Colombia, es el prototipo de esta nueva lógica que no solo controla territorios, sino que establece centros de distribución y se mueve a toda velocidad para eludir los controles y, al mismo tiempo, para multiplicar los beneficios con la violencia como “facilitador”.
Ecuador es uno de esos ejemplos de país colonizado en los últimos años: En 2015, sus autoridades incautaron 63 toneladas de droga; en 2022 fueron 180, más del doble, cifras que se disparan a partir de la desmovilización de las FARC en Colombia, que de alguna forma centralizaba la producción interna.
Petro ha puesto un acento importante en su diagnóstico actual: el auge de los opioides como el fentanilo en Estados Unidos está cerrando mercados a la cocaína y sus proveedores, obviamente, se han lanzado a la apertura de nuevos mercados en lugares remotos, lo que tendrá múltiples implicaciones sociales y económicas: violencia en el control del territorio, nuevas víctimas de las drogas, si se instalan en lo local, o decadencia económica en zonas productoras que no se adapten a los nuevos tiempos.
Bolivia está en medio de toda esta encrucijada, tanto si aceptamos el argumento de “país de tránsito” como si consideramos que somos un país productor al alza como el resto del entorno.
