Este martes se conmemoran 41 años de la recuperación de la democracia en Bolivia. Como se sabe, Hernán Siles Zuazo, que había liderado el frente de Unidad Democrática Popular (UDP) en las elecciones de 1980, asumió la presidencia de la República el 10 de octubre de 1982, en un reconocimiento directo a un triunfo electoral que había sido desconocido por el militarismo, que se acabó aquel día.
La posesión de Siles Zuazo significó el inicio de una sucesión de gobiernos constitucionales ininterrumpido hasta ahora. Desde el ala dura del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) se mantiene la versión de que el periodo democrático fue interrumpido en 2019, con la caída de Evo Morales; pero esa es una posición más bien partidaria porque lo que realmente sucedió es que, debido a la renuncia de los primeros mandatarios y el vacío en la sucesión constitucional provocado por el propio MAS, asumió la presidencia la autoridad a la que correspondía la prelación, la segunda presidenta de la Cámara de Senadores, Jeanine Áñez.
El gobierno de Áñez fue de transición, entre la renuncia de Morales y la posesión de Luis Arce, el vencedor de las elecciones convocadas por la expresidenta. Durante todo ese tiempo, todos los poderes del Estado funcionaron normalmente, especialmente aquel sobre el que se basa el sistema democrático de pesos y contrapesos, el Legislativo que, además, siguió bajo el control del MAS, en sus dos cámaras.
Al conmemorarse 41 años ininterrumpidos de la democracia boliviana, resulta importante remarcar que esta no se traduce simplemente en el funcionamiento pleno de los poderes del Estado, sino, fundamentalmente, en la independencia de esos poderes (hoy en día llamados órganos).
Cuando se concibió este sistema, basado en la interrelación de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, se planteó claramente que solo tendrían un funcionamiento óptimo si, pese a ser interdependientes, mantenían su independencia funcional. En Bolivia, los gobiernos (Ejecutivo) siempre cedieron a la tentación de influir sobre los demás poderes, pero esa situación se agravó durante la administración de Morales, que cooptó inclusive instituciones relativamente nuevas como la del Defensor del Pueblo y la Procuraduría General del Estado.
Sin embargo, donde más se notó la presencia del Ejecutivo fue en el Órgano Judicial y su magistratura coadyuvante del Ministerio Público. Aunque ya lo hacían en el pasado, malos jueces y fiscales comenzaron a trabajar para el Gobierno y se dedicaron a cazar a sus enemigos políticos. Esa conducta no cambió en el gobierno de Áñez. Con la justicia al servicio del poder, ¿se podrá hablar de una democracia plena?
Por otra parte está la actitud asumida desde el gobierno de Morales de deslegitimar a la prensa, para restarle autoridad a su papel fiscalizador. A partir de 2016, una sistemática campaña de desprestigio dio lugar a un cambio en la percepción de la gente hacia el periodismo. Si a eso se le suma el cierre de medios independientes, como consecuencia de la asfixia económica, entre otras razones, el panorama que se configura es el de un deterioro del sistema.
El año pasado, el secretario general de la ONU, António Guterres, recordaba que “no hay democracia sin libertad de prensa, y tampoco hay libertad de prensa sin periodistas que confronten al poder con la verdad”. Los gobiernos deben comprender que atentar contra la prensa libre e independiente significa atentar, directamente, contra el sistema democrático.
