Día que pasa nos acercamos al, para unos, temido apagón de altos cargos del sistema de justicia cuando el próximo 31 de diciembre las actuales autoridades cesarán indefectiblemente en sus funciones o, al menos eso dice el artículo 183 de la Constitución Política del Estado (CPE): que su periodo dura 6 años y además no podrán ser reelegidos.
Mientras que la champa guerra entre los “hermanos” del oficialismo o lo que queda del mismo, arrecia y se expande hacia todos los ámbitos posibles, ya muy pocos nos acordamos que ese papelito llamado Constitución solo prevé aunque no nos guste un solo mecanismo de elección de esos altos cargos –demostrablemente fracasado, pero vigente– consistente en la llamada “elección popular”. Peor aún, el Constituyente, con la aprobación posterior de más del 50% del soberano, lo introdujo para bien o para mal a la flamante CPE de 2009, aquella aprobada a sangre y fuego en la Masacre de La Calancha (impune, por el momento…) y es lo que debiera cumplirse nomás. No hay otra. Todo un cerrojo Constitucional.
El pequeño gran detalle es que la casta política de todos los colores representada en la Asamblea Legislativa Plurinacional no ha dado la talla nuevamente y con la complicidad dolosa u obediencia ovejuna de algunos de los que están en los estertores de sus funciones, han chicaneado hasta el delirio el ya complicado proceso previo, pateando al córner de las calendas griegas sus leyes o proyectos destinados a soportar el nuevo proceso de elección.
Proceso que insisto, por muy fracasado que haya resultado más allá de toda duda razonable por las anteriores dos “elecciones” en las que la Drita. Blanco Nulo de Pifiado ganó y por goleada, le metieron nomás arrastrando no solo su ilegitimidad de ingreso sino de desempeño, hasta extremos grotescos como la invención del “derecho humano” de su exjefazo, la desaparición de la sentencia de rebeldía o la consideración como delitos de lesa humanidad a las lesiones leves, pasando por la venta de pegas judiciales o la asignación de cuotas a los movimientos sociales.
A propósito, el MinJusticia acaba de largarse una perlita, por su obviedad, al sostener –acordándose un cachín del proceso congelado– que: “La posición oficial del Gobierno es que el 31 de diciembre tenemos que encontrar una solución en el ámbito de la CPE”. Faltaba más. Lo temible es que se le meta nomás y se invente algún equivalente al “derecho humano” o alguna otra deposición para darle la vueltita como acordeón a la pobre CPE y por ejemplo como suena en el foro so pretexto del vacío (que no es tan fiero como lo pintan): a) se alargue las funciones a los actuales; b) se le meta nomás un decretazo, ley corta o cualquier otro engendro para nombrar a dedo a otros transitorios o provisorios; o, c) se convoque a los presidentes o vocales de los tribunales de justicia departamentales para asumir esas funciones, para las que no han sido elegidos.
Todas esas “soluciones” irían contra la CPE que como líneas arriba señalé, prohíbe la reelección de los actuales, le pone fecha de caducidad a sus funciones y, además, en otros de sus artículos prohíbe que las funciones de los órganos públicos sean reunidas en uno solo o sean delegables entre ellos e incluso le impide a la ALP o a ningún otro Órgano del Estado o institución, asociación o reunión popular, conceda a Órgano o persona alguna facultades diferentes de las constitucionales; veda acumular el poder público u otorgarse supremacía por la que nuestros derechos queden a merced de órgano o persona alguna (12.III y 140). Peor todavía, la misma CPE castiga con nulidad los actos de aquellos que usurpen esas funciones que no les competen, así como de los actos de las que ejercen potestades que no emanen de la misma.
Así que no existen “salidas” así sean “imaginativas” que puedan urdirse por fuera de la CPE. Si es que Bolivia es de a de veras un Estado de Derecho sujeto al imperio de la CPE, la elección de esos altos cargos debe hacerse desde y para la Constitución. Así las cosas, parece ya un exotismo eso de cumplir la CPE, pero padeciendo como ya me es crónico de ingenuidad constitucional galopante, cabe aquí recordarlo pues me temo que so pretexto de que el plazo fatal se avecina ya nadie se está acordando o, peor aún, muchos se están resignando a que se le meta nomás recurriendo a la “doctrina morales”. Pablo MARAT lo puso clarito: “EL ESTADO DE DERECHO ES UNA ESPECIE EXÓTICA EUROPEA QUE NO PUEDE ACLIMATARSE EN ESTAS TIERRAS”.
