Lván Manolo Lima Magne es “el padre de la criatura” llamada abuso político, por la vía del enjuiciamiento ordinario de la expresidente Jeanine Áñez Chávez; en otras palabras, él mismo dijo que el objetivo era enjuiciarla y que era arriesgado introducir el pliego de acusaciones para un juicio de responsabilidades en el Congreso, porque a lo mejor no lograban los votos. Fue claro: “Mesa y Camacho… nos han ido bloqueando sistemáticamente, no nos quedaba otra que buscar justicia para las víctimas [en la vía ordinaria]”. (https://elpais.com/america/2023-10-25/la-fiscalia-boliviana-pide-30-anos-de-prision-para-la-expresidenta-jeanine-anez-por-las-masacres-de-2019.html). Vaya uno a saber cómo se encuentra justicia para alguien partiendo de la ilegalidad.
El fiscal Juan Lanchipa se convierte en ejecutor; es el mismo Fiscal que en tiempos de Áñez aseguró que había causa para enjuiciar a Evo Morales por la justicia ordinaria, cuando aseguró a los medios que el proceso por sedición y terrorismo contra Evo Morales corresponde a la jurisdicción ordinaria, por lo tanto no es un “juicio de privilegio” tal como lo sería un juicio de responsabilidades (https://erbol.com.bo/seguridad/fiscal-general-proceso-evo-es-ordinario-no-es-%E2%80%9Cjuicio-de-privilegio%E2%80%9D=), dando muestras de su cínica ubicuidad personal y, confirmando el sometimiento del Ministerio Público al poder político (en cualquier circunstancia o poder), haciendo trizas la institucionalidad del Estado y, del TSJ, otro “poder” sometido al Poder Ejecutivo, esta vez, al ministerio de justicia (con minúsculas, ¿bueno?). De nuevo acudo a El País, de España, en el mismo link, que señala “se valió de la autorización que, a principios de este año, el TSJ dio para procesar a Áñez de forma ordinaria incluso por hechos sucedidos en su gestión, después de que un juez fuera observado por aceptar una demanda de las víctimas de las masacres. Este juez basó su decisión en que la acusada no tenía “credencial de presidenta” y, por tanto, según él, no podía ser legalmente considerada tal”.
Aclarado el tablero político y ubicados los “espacios” copados por el poder, es difícil ver a Lima Magne siendo quien “hurgue” el proceso y abra otras expectativas sobre la situación de Jeanine Áñez tratando de volcarla para el otro lado; es difícil pero no imposible, porque Lima ya ha dado muestras de una actuación “chespirita” (como dice una cosa, dice la otra). El Ministro sabe de derecho, así no lo practique como se debe; y como tal, tiene conocimiento de las responsabilidades de sus actos y las consecuencias que esto puede traerle; enjuiciar a una expresidenta por la vía ordinaria es violar la CPE y esa violación en algún momento se tendrá que juzgar; esa y otras violaciones. La historia reciente está en la memoria de la gente y de los políticos que, no se van a acabar cuando Lima Magne y Arce se vayan.
Me da la impresión, aunque no lo puedo confirmar, por eso prefiero tomarlo de esa manera, de que don Iván Manolo fue quien ideó que las dos causas, ahora con Resolución contraria a juzgamiento por vía ordinaria radiquen en El Alto (por Senkata) y en Sacaba, porque estaba seguro que esos juzgados iban a responder “al clamor popular”, pero, olvidó que a veces hay jueces y juezas que saben de leyes tanto como los orquestadores de fraudes judiciales e ilegalidades y hacen bien su tarea, tomando las decisiones que corresponde, de manera que me cuesta ver a Lima en este cambio que se da al caso de la expresidenta Áñez, aunque sea curioso que no haya salido a quejarse en ninguno de los dos casos adversos al que parecía ser de máximo interés político del Gobierno en su conjunto, cuando estaban “de a buenas” con Evo Morales, con quien ahora no se pueden ver.
Si se cae el caso “Golpe”, con seguridad tendrán que entrarle “a la de verdad” al fraude y, ahí, Lanchipa, Lima Magne y otros, ahora convertidos en enemigos del huido, apostarían sus cartas de la misma manera como lo están haciendo con Áñez; no es personal, dirán, como más de una estrella de cine, antes de pegarle un disparo a alguien, aunque esto no es cine.
¿Por qué creer en la buena fe de las Resoluciones?
Porque los argumentos que esgrimen sobre el innegable rol de Áñez como presidenta constitucional se basan en hechos que dieron continuidad al proceso democrático que fue violentado, pero no interrumpido, por el fraude. Veamos, el fraude fue reconocido como tal por el propio Evo Morales quien, el 10 de noviembre del 2019: anuló las elecciones, despachó a los Tribunos Electorales (a los que Lanchipa metió presos inmediatamente se posesiono Añez- https://www.elpais.cr/2019/11/12/detienen-en-bolivia-a-las-ex-autoridades-del-tribunal-supremo-electoral/), convocó a conformar un nuevo poder electoral y hasta pidió al parlamento que convoque a sesión para ver la fecha de las nuevas elecciones. Después renunció, ya desde Lauca Ñ-Cochabamba
Esas actuaciones “destituyentes y anulatorias” de Morales fueron asumidas por Áñez, que: posesionó una nueva mesa electoral nombrando a Salvador Romero como vocal designado por el Poder Ejecutivo, pero no solo eso: también amplió el mandato de todas las autoridades elegidas del Estado poderes Ejecutivo, Legislativo, gobernaciones y municipios, mediante ley aprobada por el Congreso que, bajo la mayoría masista, nunca dejó de funcionar en libertad absoluta; recordemos que en el Gobierno constitucional de transición hubo leyes promulgadas por Áñez, pero también por Copa, estas últimas porque fueron vetadas u observadas por Presidencia y, cumpliendo el ordenamiento jurídico constitucional, fueron promulgadas por la Presidencia del Senado. Eso se llama constitucionalidad.
Pero también se posesionó al nuevo Alto Mando Militar, por renuncia de los que estaban en funciones y fueron posesionados por Morales, así como a las nuevas autoridades policiales; posesionó y cambió ministros de Estado y, si eso no bastara, también convocó a elecciones dos veces, la segunda por la pandemia y en ambas ocasiones contó con la aprobación de los poderes constitucionales del Estado de manera expresa (control de constitucionalidad); consecuentemente, no hay motivo alguno para dudar de que la señora Áñez fue presidente del Estado.
¿Puede discutirse que se haya autoproclamado? En realidad decidió asumir el mando vacante por renuncia del titular dos días antes; ¿que no le correspondía a la segunda vicepresidencia? ¿Dónde está escrito hasta dónde baja la línea sucesoria? Eso se debe debatir en el juicio establecido en la Ley 044, vigente desde el 8 de octubre de 2010, o en el Parlamento mediante modificación de Congreso o Asamblea, si fuera el caso.
Argumentan también sobre las Resoluciones citadas (Tribunales de Sentencia Penal 4 de El Alto y de Sentencia 1 de Sacaba) que hasta García Meza gozó de caso de corte y es verdad, y se demostró que el Estado sabe ponerse a la altura de las circunstancias y juzgar y sancionar como corresponde, de manera que no tiene que haber temor de actuar en consecuencia con el ordenamiento jurídico; bien haría el poder actual si trata de saber cómo se siente el que hace las cosas legales y mirando el interés de todos y no el propio.
El Tribunal de Sacaba recordó el caso de Manfred Reyes Villa, que no observó el procedimiento constitucional de juicio especial y quedó sin efecto; consecuentemente, más allá de las objeciones interesadas del evismo y otros, lo cierto es que, como dijo el representante de las víctimas de Senkata (que las hay): Andrónico Rodríguez debe esmerarse en asegurar los 2/3 en el Senado y Congreso para reparar la irregularidad judicial y el injusto maltrato a la expresidente Áñez.
No tiene por qué ser tan difícil que se hagan las cosas bien y como corresponde; ¿sabrán cuál es el camino?
