Casi todos los días el señor Luis Arce anuncia que estamos ante el “gobierno de la industrialización”. En su mensaje presidencial habló de 150 empresas públicas, pero no mencionó el costo que éstas provocarán al Presupuesto General del Estado, que es el que pagará todo, con dinero de los ciudadanos. Pero ¿en qué consiste la industrialización anunciada?
El señor Arce y su gobierno creen que en esas fábricas se producirán los productos que sustituirán a muchas importaciones que se realizan actualmente - desde puré de papa y medicinas hasta fertilizantes y carbonato de litio - que esas fábricas permitirán ahorrar los costos de importación, que crearán empleo y que, en fin, aumentarán la “dignidad nacional”. Se equivocan completamente. Sus ideas sobre la industrialización son erradas por varias razones:
El señor Arce y los socialistas que lo acompañan quieren ignorar que en los países libres donde la industria se desarrolló, lo hizo porque hubo previamente un proceso de ahorro y acumulación de capitales privados. Las industrias complejas no surgieron de la nada. Fueron precedidas por otras, más simples, a las que superaron al agregarles tecnología y escala. Y las primeras empresas habían sido, a su vez, precedidas por otras, básicamente artesanales. Fueron innovadores privados, a veces verdaderos aventureros, los que impulsaron los saltos tecnológicos desde las empresas más simples a las más complejas.
Los países que fueron capaces de promover el ahorro y la inversión privadas lograron establecer más industrias, producir más productos que mejoraron las condiciones de la gente; pagar mejores salarios a sus obreros y así elevar el nivel de vida general. Los países sin libertades, que se complacen en confiscar el dinero de sus ciudadanos mediante impuestos o mediante el control autoritario de unas pocas actividades rentables, se han especializado, en cambio, en crear proyectos no viables, en malgastar el dinero público y en socavar las condiciones para el crecimiento futuro.
Esos países sin libertades han establecido industrias con propiedad estatal y han fracasado. En las empresas estatales, los que toman decisiones nunca pagan las consecuencias financieras cuando éstas son equivocadas. Algo distinto ocurre con el empresario privado. Tiene el incentivo de la ganancia, pero también corre el enorme riesgo del fracaso. Comprar un insumo a un precio más alto, vender el producto a un precio más bajo; producirlo en una estación no adecuada o en una cantidad insuficiente o excesiva, lo lleva a pérdidas y a sufrir las consecuencias. El empresario es eficiente, no porque quiere serlo, sino porque huye de las pérdidas y busca las ganancias, mientras que los gerentes de las empresas públicas nombrados por el dedo del Sr. Arce no necesitarán ser eficientes, pues siempre tendrán asegurado el cheque de fin de mes y la vacación de fin de año.
Existe una sola manera de producir más, elevar el ingreso y satisfacer a los consumidores: es permitir la acumulación de capital en manos privadas. El ciclo de crecimiento del capital ha sido bien explicado y no tengo para qué repetirlo. Sólo diré que consta de ahorro, inversión, innovación y reinversión.
Además:
• Aparentemente no hay nada negativo en el inocente deseo de sustituir importaciones mediante un proceso planificado. Pero, bien vistas las cosas, el gobierno cree que la gente preferirá comprar los productos salidos de las fábricas estatales, cuando en cualquier tienda o feria puede comprar productos importados de bajo precio, cuya calidad conoce. En condiciones normales, el consumidor es quien decide, con sus compras y abstenciones de compras, qué negocios triunfarán y cuáles perecerán, no los burócratas de un gobierno.
• La mayor parte de esas plantas, si no todas, no han sido precedidas por los estudios de identificación, prefactibilidad y factibilidad, que eran obligatorios. Esos estudios permiten saber si un proyecto es pertinente, si es posible, si se puede recuperar los costos de inversión y operación y en cuánto tiempo, y, por consiguiente, si el proyecto tendrá pérdidas o ganancias.
• Muy por el contrario, las decisiones conducentes a las inversiones en esas plantas se basaron solamente en la inspiración de algunos burócratas -y cuándo no- en la presión de políticos locales interesados en mantener su popularidad entre sus votantes.
• Dados los pésimos antecedentes de las empresas públicas manejadas por los gobiernos (no sólo del MAS), podemos anticipar que las plantas no serán rentables, sino una pérdida neta de dinero, que no es del gobierno, sino de todos los ciudadanos.
• Como las plantas que ya las han precedido, las nuevas enfrentarán grandes dificultades para generar ingresos suficientes por ventas; cuando necesiten dinero, lo pedirán al gobierno, el que a su vez modificará el Presupuesto General del Estado para satisfacerlas, o arreglará con el Banco Central la concesión de créditos que nunca le serán devueltos.
• Las plantas serán manejadas por nombrados políticos, y no por personal con la capacitación profesional y técnica necesaria. La mayoría de los empleados, incluso los obreros, deberán tener el carnet de inscripción al partido gobernante.
• Ya podemos imaginar los negociados que habrá en la compra de terrenos, en las construcciones civiles, en la adquisición de equipos, en los trabajos de mantenimiento, en el acopio y transporte de materias primas. Más empresas estatales significa, en primer lugar, más oportunidades para robar.
En fin, la intención industrializadora del Sr. Arce consiste sólo en emplear mal el dinero que pertenece a todos, en obstruir la formación de capital privado y postergar el mejoramiento de la condición de todos.
Por esos motivos, la consigna ciudadana debe ser que todas las empresas estatales deben ser cerradas o vendidas, y que no se debe abrir ninguna nueva. Si algunos bolivianos quieren industrialización, que ahorren, inviertan su dinero y enfrenten el riesgo de perderlo. En cambio, si los consumidores los respaldan, que hagan un gran negocio y aumenten su patrimonio y riqueza. Como en todos los países que progresan en el mundo.
* Pertenece a la plataforma U.N.O., que promueve el debate plural pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.
