Según la estadística que maneja la Fiscalía General del Estado (FGE), a través de su sistema informático “Justicia Libre”, un total de 74 feminicidios fueron registrados en Bolivia entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2023.
Las cifras oficiales ubican a La Paz como el departamento con mayor número de casos, 20, seguido de Santa Cruz y Cochabamba con 19 y 12, respectivamente. En el cuarto lugar está Potosí, con ocho, mientras que Chuquisaca apenas reportó dos, en el penúltimo puesto delante de Pando, el último, con un caso. Las cifras no son indicadores de mayor violencia, sino que son directamente proporcionales a la cantidad poblacional: hay más crímenes cuanto mayor es el número de habitantes de un territorio.
Aunque todavía queda un mes por delante antes del cambio de año, existen razones para mantener la esperanza de que este 2023 concluya con una cifra que no exceda los 100 casos, lo cual es —al menos— un consuelo para una sociedad que lucha con las taras y prejuicios del machismo. El número de 74 es todavía alto, pero no supera los de otros años. En 2019, el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer reportó que, en un quinquenio, entre 2015 y aquel año, siempre se había superado el centenar de víctimas. En ese marco, el peor año fue 2018, que cerró con 128 feminicidios.
Los asesinatos de mujeres son la forma más extrema de violencia en contra de las personas del sexo femenino.
Por otro lado, en Bolivia, cada día se embarazan por lo menos 91 menores de 19 años. De ellas, seis tienen menos de 15. Es decir, en promedio, cada 16 minutos una adolescente queda encinta, y es obvio que eso ocurre sin que ella ni su pareja lo hayan deseado.
Estas cifras derivan de los datos oficiales registrados entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 y reflejan una realidad de complicadas consecuencias para las 16.474 jóvenes (1.042 menores de 15 años) que se embarazaron en los primeros seis meses de este año.
Son datos recopilados por el Servicio Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud y Deportes y que fueron divulgados por la Defensoría del Pueblo.
Si bien el número de adolescentes embarazadas en Bolivia se está reduciendo en los últimos años —en 2022, el promedio diario fue de 97 casos, uno cada 15 minutos— un reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas señala que el país es uno de los siete con las mayores tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe.
Se reduce, pero no es suficiente, tanto más cuanto los datos oficiales incluyen solo a las adolescentes que se realizaron controles prenatales. Es decir que los números reales de embarazos en bolivianas entre 10 y 19 años son difíciles de estimar.
Esa realidad motivó una exhortación de la Defensoría del Pueblo “a (los Gobiernos) nacional, departamentales y municipales a que se trabaje de forma coordinada para disminuir el número de embarazos en adolescentes. Para ello, es importante asegurar el acceso a servicios e información en salud sexual y reproductiva”.
Las menores de edad necesitan de mayor protección del Estado para que no sufran las consecuencias de los embarazos, de los que generalmente los varones se desentienden. ¿Estará el Estado boliviano en condiciones de brindar esa protección a las adolescentes y jóvenes, al menos, en un mediano plazo? Tarea muy importante por encarar para las autoridades involucradas en este tema, tan sensible para la sociedad.
El resto de la población —familias, escuelas y colegios— tiene un papel destacado en esta misión: los adultos, principalmente, deben superar sus prejuicios para hablar abierta y francamente de sexualidad con los jóvenes.
