Como se olía, la reunión de las bancadas en la Asamblea Legislativa para encontrar en los descuentos una salida –imposible solución– al entuerto en parte por ellos causado con las fallidas elecciones judiciales ha resultado en algo tan patético como otorgarle 72 horas de plazo al Tribunal Constitucional para que alumbre su sentencia sobre la constitucionalidad o no del proyecto de ley para esas elecciones. 

Mientras desde el TCP ha trascendido que el proyecto de resolución presentado por su relator aún no reuniría los suficientes votos para convertirse en sentencia –dicen que estarían en proceso de “ablandamiento”–, algunos que encubiertos desde las sombras  y otros que abiertamente han puesto palos en la rueda para ese grosero incumplimiento estatal para asegurar que esas elecciones se realicen oportunamente e incluso varios ingenuos que les hacen coro han desatado una suerte de campaña –también de “ablandamiento”– esta vez hacia al soberano, recurriendo a la trillada estrategia envolvente de invocar al kuku: el temible vacío judicial.

Phajpakean diciendo que el próximo 31 de diciembre el Estado boliviano sufrirá el desastre del vacío judicial, ya que sus altos cargos del sistema de administración de justicia cesarán indefectiblemente en sus seis años de funciones como ordena la CPE, además, sin lugar a reelección y, entonces, ¡¡¡zas!!! La justicia dejará de existir (como si además eso en muchos casos no hubiera ya ocurrido, pese a que esos altos cargos estaban operando o a causa de ellos…).

Al respecto, sostengo que evidentemente en unas semanitas esos 26 altos cargos cumplirán su periodo constitucional de seis años y no podrán ser reelegidos y, menos, sus suplentes podrían reemplazarles pues siguen la suerte de lo principal. Admito además que es una vergüenza para un estado que se dice institucionalizado que las máximas autoridades de uno de sus órganos queden vacantes por la mala fe, desidia e incompetencia de otro de sus órganos (Legislativo) que, en concierto con otro (Ejecutivo) y sometiendo al que supuestamente es independiente (Judicial), han generado esa vacancia.

Empero, urge separar la paja del trigo y en lo que concierne a la estrategia envolvente del vacío judicial como pretexto para meterle nomás y violar la Constitución, así sea un poquito nomás, por un tiempito breve o porque no hay más remedio, etc., cabe precisar algunas cuestiones que intento aquí resumirlas:

Para empezar, ese vergonzoso apagón de los altos cargos del sistema solo afectará a 26 de los más de 2.000 funcionarios que operan el sistema desde abajo. Según el Informe sobre el estado de la justicia 2022, los jueces son 1.116 (ordinarios + agroambientales), habiendo 1.009 juzgados y tribunales ordinarios; 63 agroambientales; 21 disciplinarios y 157 conciliadores, a los que habría que sumar secretarios, auxiliares, diligencieros, etc. La Fiscalía cuenta con 519 fiscales de Materia, a los que habría que sumar al Fiscal General y a todo el personal de apoyo que duplican esa cifra. La Defensa Pública tiene 133 defensores públicos y el Servicio de Asistencia a las víctimas 47, sin contar con el personal de apoyo. No dispongo de cifras del personal policial que presta apoyo directo e indirecto al sistema de justicia, pero también habría que sumar a ellos. 

Es decir, restando a los 26 altos cargos (9 del TSJ, 9 del TCP, 3 del CM y 5 del TAN), el resto del personal que opera el sistema de justicia seguirá trabajando regularmente debiendo prever cuestiones administrativas (pago de sueldos y servicios), que sí pueden ser delegadas, lo que no ocurre con lo jurisdiccional. 

Es cierto que el apagón afectará directamente a los tribunales de cierre del sistema y habrá (como ya existe aún funcionando) mayores niveles de retardación y no tutela oportuna y efectiva, pero recurrir a ese kuku del vacío como si el sistema dejara de funcionar es un soberano disparate que está siendo sobredimensionado con fines espurios: la clase política quiere tener SUS magistrados, para lo que todos sabemos.

Finalmente, una salida no constitucional (decretazo, ley corta, auto ampliación u otros dislates, así sean bajo acuerdo político) constituiría un remedio peor que la enfermedad, pues la misma CPE castiga con nulidad los actos de quienes no ostenten jurisdicción ni competencia y, nos guste o no, el Constituyente y el soberano que apoyó esa vía, el único mecanismo constitucional para elegir a esos cargos, es la elección popular (demostrablemente fracasada, pero vigente) previa preselección en la ALP. Cualquier salida contraria solo será balearse en los propios pies y, probará aquello de Martin Luther King: “Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”.