La justicia es representada por una mujer de túnica que porta una balanza y una espada y lleva los ojos vendados. Se trata de Themis, diosa preolímpica de la justicia y equidad, encargada de preservar la delicada armonía entre el mundo terrenal y espiritual, pero más contemporánea es su equivalente latina, Iustitia, una conjugación de deidades helénicas y egipcias que, en conjunto, representaban el equilibrio de la verdad y la justicia y la fuerza moral de los sistemas judiciales.
La venda en los ojos significa imparcialidad. A la hora de ser aplicada, la justicia no debería ver si quien la va a recibir es poderoso o débil, pobre o rico, o si pertenece a grupos de poder. Tiene que aplicar la misma vara a todos.
Sin embargo, la justicia boliviana no necesita una venda para no ver, porque está ciega. Fue cegada como Polifemo cuando sus administradores se olvidaron de su probidad y, superada esa barrera, entregaron su independencia. En Bolivia, como se sabe, la justicia está al servicio del poderoso y ahí es que no se fija quién está al mando.
Un ejemplo de la instrumentalización de la justicia nacional es la persecución que los cocaleros del Chapare desataron contra los de los Yungas. Las pugnas giraron en torno al control de mercados y, como los del Chapare no pudieron sustituir a los tradicionales, que ya llevan años funcionando para la venta de coca destinada al masticado tradicional, abrieron uno en Villa El Carmen, en el departamento de La Paz.
La apertura de ese mercado fue la salida que encontró el dirigente Arnold Alanes, afín a Evo Morales, ante la imposibilidad de controlar el mercado de Villa Fátima. Los de los Yungas intentar que se cierre por la fuerza y, en ese afán, se produjo un incendio de origen desconocido. A consecuencia de ese hecho, fueron detenidos los dirigentes Freddy Machicado, Raúl Uría y César Apaza.
En agosto del año pasado, el Gobierno cerró el mercado de coca de Villa El Carmen, pese a las protestas de Alanes, quien atribuyó este cambio de actitud a la división interna en el Movimiento Al Socialismo (MAS). Apaza, que no tiene sentencia ejecutoriada, sigue detenido pese al severo deterioro de su salud. Todo lo que ha hecho la justicia contra él es apretar el puño.
Otro caso llamativo: el del exdirector de Migración Marcel Rivas, que en noviembre del año pasado cumplió tres años de detención. El delito por el que fue sentenciado fijaba una pena de tres años de cárcel, tiempo que ya ha cumplido e incluso sobrepasado. Pero la justicia no lo libera.
Otro caso destacado en los últimos días: el del crimen de la concejala de Ancoraimes Juana Quispe, cuyos asesinos, cómplices y encubridores recibieron penas que van desde los dos a los 30 años de cárcel. Pero, la sentencia fue emitida después de diez años de ocurrido el asesinato.
Mientras la justicia muestra esas fallas, hay casos en los que es excesivamente permisiva, como el de David Jesús Salvatierra Mamani, de 24 años, que no tiene oficio conocido y fue sentenciado en 2019 por el delito de robo agravado. Pese a su peligrosidad, obtuvo su libertad mediante la redención y, una vez libre, comenzó a atacar a varias personas, incluida su pareja. Lo acusaron de lesiones graves y leves; sin embargo, pese a que ya tenía sentencia ejecutoriada, un juez permitió que se defendiera en libertad. Después, se emborrachó y, sin más ni más, mató a puñaladas a un transeúnte que se dirigía a su trabajo.
La justicia boliviana no tiene vendas, sino que está cegada por su falta de independencia y de probidad, entre otros males.
