A lo largo de su existencia como Estado, Bolivia ha llevado a cabo once censos, siendo el próximo, programado para marzo del 2024, un momento crucial tras complicaciones y movilizaciones ocurridas entre 2022 y 2023 para su realización. Sin embargo, la realidad lamentable es que la información recopilada en estos censos no se utiliza de manera efectiva para mejorar la calidad de vida ni impulsar el desarrollo económico en las diversas regiones del país. Este problema surge principalmente de la falta de aprovechamiento por parte de políticos y autoridades, quienes desconocen la relevancia de las estadísticas y toman decisiones basadas en instintos e ignorancia, creyendo saberlo todo, más que en datos concretos.
La falta de comprensión de la información estadística se evidencia en inversiones millonarias destinadas a campos deportivos, edificios y escuelas en áreas con baja densidad poblacional, sin lograr un uso óptimo de estos recursos, mientras se dejan desatendidos lugares con alta densidad poblacional y necesidades apremiantes. La información censal a menudo se limita a su utilidad en la asignación de coparticipación tributaria, en procesos electorales y en la distribución de diputados, descartando su potencial impacto en políticas más amplias de desarrollo.
Más allá del Censo de Población y Vivienda 2024, Bolivia se enfrenta a un problema estructural de escasa transparencia institucional en la generación de información cuantitativa. Según el Banco Mundial y su Indicador de Capacidad Estadística, que evalúa comprehensivamente la capacidad del sistema estadístico de un país en el período 2004-2020, Bolivia ocuparía el penúltimo lugar con 69 puntos. En comparación, el promedio para Sudamérica sería de 82 puntos, destacándose Chile y Uruguay como los mejores con 93 y 88 puntos respectivamente.
La Constitución Política del Estado establece la obligación de los gobiernos subnacionales de generar estadísticas a nivel departamental y subnacional. Sin embargo, resulta llamativo que la gran mayoría de estos gobiernos no haya implementado efectivamente el uso de censos departamentales. Esta carencia plantea interrogantes sobre cómo llevan a cabo su planificación, al prescindir de datos locales o depender de inferencias a partir de datos nacionales, limitando la eficacia de sus decisiones.
Las universidades públicas bolivianas, que debería ser un faro de innovación y generación de información, enfrentan un desafío crucial. No solo carece de la creación adecuada de bases de datos, sino que, en muchos casos, no proporciona información transparente sobre su población estudiantil. En lugar de centrarse en la innovación productiva y en la generación de datos valiosos, la atención se dirige predominantemente hacia la lucha por el presupuesto y la entrega de calificaciones y títulos académicos.
Este contexto se enmarca en un problema global en la era de la información. Los datos, activos valiosos que moldean el desarrollo y las decisiones estratégicas, se ven amenazados por la falta de transparencia y deficiencias en la generación de estadísticas. La opacidad en la recopilación de datos y la carencia de una infraestructura estadística sólida son preocupaciones fundamentales que afectan el progreso de un país.
La toma de decisiones informada, esencial para el desarrollo, se ve amenazada cuando las estadísticas son deficientes o no se divulgan adecuadamente. La transparencia en la generación y divulgación de estadísticas emerge como un factor crucial para construir la confianza de la población en las instituciones gubernamentales.
Superar estas falencias requiere un compromiso serio de los gobiernos: central, subnacionales y las instituciones en la mejora de sus sistemas estadísticos, con inversiones en tecnología, capacitación especializada y prácticas transparentes. La colaboración con organismos internacionales se convierte en un elemento fundamental para adoptar estándares globales y asegurar la comparabilidad de los datos a nivel internacional.
* Analista Socioeconómico
