Tras décadas de soportar este tipo de presiones, la mayoría de los bolivianos coincidimos en señalar que los bloqueos de caminos son medidas perjudiciales, puesto que es mayor el daño que causan que los resultados obtenidos, así estos sean la atención a demandas sociales.
Y es que después de ser esgrimidos como una manera de reclamar derechos, esas presiones han pasado al terreno de la ilegalidad, puesto que lo que se ve ahora no solo es el atropello al derecho de locomoción que tenemos los ciudadanos de este país sino, también, actitudes irracionales como arrojar piedras a los caminos y dañarlos.
Por ello, el bloqueo de vías públicas como manifestación de reclamos sectoriales es en Bolivia una medida de presión que, por su frecuencia y consecuencias, parece alejarse del derecho que la legitima y permite cuestionarse acerca de las verdaderas razones que motivan la obstrucción de carreteras interdepartamentales en Cochabamba y Potosí.
En efecto, si bien “los bloqueos se encuentran amparados por el derecho a la protesta social”, como observa un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la libertad de ejercer esa medida de presión tiene como límite el respeto a las libertades de terceros ajenos al objeto que los motiva.
Los bloqueadores, todos partidarios del expresidente Morales, exigen la renuncia de los magistrados que extendieron su mandato —luego del aplazamiento de los comicios judiciales que debían celebrarse en diciembre— y la convocatoria a esos comicios.
Pero hay un aspecto que puede evidenciar un interés no explícito en esas acciones: la posibilidad de que Morales esté inhabilitado para postular nuevamente a la presidencia del Estado como efecto de una sentencia emitida por magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional días antes de que concluya su mandato, actualmente prorrogado.
Así, las pretensiones electorales del expresidente, restringidas en pleno respeto del orden legal, son un asunto que revela de intereses carentes de relación directa con los derechos fundamentales que la Constitución Política del Estado garantiza a los bolivianos.
Los bloqueadores, que todavía permanecen en algunos sectores de los caminos, particularmente en el Departamento de Cochabamba, han negado que su bloqueo busque una nueva postulación de su líder, pero un instructivo emitido por los cocaleros, en fecha 18 de enero, lo dice con todas sus letras: “el gobierno traidor de Luis Arce y David Choquehuanca en complicidad con el Tribunal Constitucional Plurinacional pretenden inhabilitar a nuestro candidato único, líder, Evo Morales Ayma, de su derecho humano de ser candidato a la presidencia el 2025”.
El bloqueo, por tanto, tiene el objetivo de permitir la repostulación de Evo y la renuncia de los magistrados es un simple pretexto.
Un número incalculable de ciudadanos resultan perjudicados por la obstrucción de las carreteras, desde los viajeros detenidos en terminales y en los sitios de bloqueos, hasta los empresarios que pierden cerca de 120 millones de dólares cada día de bloqueo, pasando por los propietarios y choferes de los más de 800 camiones varados y todos los afectados por el posible desabastecimiento de combustibles, pues hay 130 cisternas con carburantes que no pueden llegar a su destino.
Es una circunstancia que exige la intervención eficaz de las instancias gubernamentales, comenzando por instaurar mecanismos de diálogo con los movilizados, y desplegando los recursos que les franquean las leyes para velar por la libertad de todos los bolivianos a vivir en paz y en seguridad. Y, desde luego, si alguien ha vulnerado las leyes, debe ser puesto a disposición de la justicia.
