El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha dejado en claro que la información que recogerá en el Censo Nacional de Población y Vivienda del próximo 23 de marzo (faltan solo 13 días) será de los dos tipos generales: pública y privada. La primera es la que se pondrá a disposición del público en general, y se traducirá en las cifras poblacionales, y la segunda es aquella que esa institución conservará, pero no difundirá, como la identificación de los censados.
En cuanto a las expectativas por los resultados, también se puede hacer una división en dos: Por una parte están los departamentos que recibieron importantes cantidades de migrantes en los últimos 30 años y, por otra, aquellos que temen que esa migración refleje su disminución poblacional. En el primer grupo está Santa Cruz, que ha crecido a la vista de todos, y en el segundo están Potosí, Chuquisaca y Oruro, para los que los resultados del Censo serán inevitablemente perjudiciales puesto que, si se confirma la disminución de habitantes, lo propio ocurrirá con los recursos nacionales que se distribuyen con criterios poblacionales.
Pero, también existe una segunda división que ya no es departamental, sino municipal. En este caso, a partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular (1994), igualmente, unos crecieron en desmedro de otros, pero ese parámetro ya no guarda relación con el criterio departamental.
Santa Cruz, La Paz y, probablemente, Cochabamba y Tarija serán coherentes en el crecimiento poblacional, pues este será de crecimiento tanto a nivel departamental como en los municipios de sus capitales de departamento. En municipios como Sucre y Potosí, la relación será inversamente proporcional; es decir, sus departamentos arrojarán cifras negativas, pero en los municipios capitalinos habrá aumento de población.
Estas son todas probabilidades. La cosa cambia cuando se analiza en detalle el fenómeno de los municipios, puesto que, en este caso, se deben tomar en cuenta criterios, si bien subjetivos, determinantes. Y, lógicamente, hay que enfrentarse a los hechos. El primero —que también salta ante la vista de todos— es que los municipios de Sucre y Potosí han crecido notoriamente en los últimos 30 años como resultado de una migración proveniente, en mayor medida, de sus municipios provinciales.
En cuanto a Potosí, esa migración se refleja en decenas de miles de personas que se han asentado en viviendas levantadas en barrios periurbanos, en algunos casos de manera ilegal. En Sucre, además de una migración similar proveniente del área dispersa de Chuquisaca, hay que considerar la que proviene, de manera históricamente sostenida y con motivos de estudio, de Potosí.
Respecto a Sucre, en los dos últimos censos se advirtió que, además de los migrantes rurales, los estudiantes provenientes de otros lugares y los nacidos en Potosí volvieron a sus lugares de origen a hacerse censar allí. Este hecho, que parecía anecdótico, ahora es considerado de extrema gravedad porque se ha reflejado en los recursos destinados no solo para la Alcaldía, sino también para la Universidad San Francisco Xavier.
En Potosí, el retorno de la gente que vive en otras ciudades no ha servido de nada porque, a la hora del recuento, sus decenas de miles de migrantes del área rural se hicieron censar en sus lugares de origen, provocando que la asignación de recursos sea muy inferior a su realidad poblacional.
Persiste el riesgo de que los resultados del Censo sean mentirosos para los municipios de Sucre y Potosí.
