Hace 44 años Luis García Meza justificó su golpe militar al frágil proceso democrático que se había iniciado en 1978 con la especie de que se instauraba una “democracia inédita”. Para muchos de los que vivimos esa época, estaba claro mucho antes de dicho golpe que la tal democracia no sería otra cosa que el orden del terror, la paz del cementerio y el trabajo de los paramilitares: “Todos aquellos elementos que contravengan al decreto ley de Seguridad Nacional tienen que andar con su testamento bajo el brazo, porque vamos a ser taxativos, no va a haber perdón”, fue la amenaza con que Luis Arce Gómez, Ministro del Interior del régimen golpista, pretendió aplastar la resistencia de los partidos, organizaciones sindicales y fuerzas democráticas de entonces. Sin embargo, aunque la sanguinaria dictadura militar anunció que se quedaría 20 años, la democracia representativa, las libertades democráticas y los derechos civiles fueron restituidos el 10 de octubre de 1982 con la asunción al poder de la Unidad Democrática y Popular después de una contundente huelga general e indefinida de la Central Obrera Boliviana.
Mucha agua ha corrido bajo el puente desde entonces, pero un conocido comentador de la actualidad nacional sugirió hace poco que la democracia de la impostura indigenista, el populismo corporativista y la judicialización política del gobierno del MAS de Arce Catacora podría estar dándole contenido a esa idea de “democracia inédita” que García Meza utilizó para ganar adeptos entre algunas especies de la fauna política de entonces (fachos derechistas, paramilitares golpistas, pero también antiimperialistas desubicados del Grupo Revolucionario Octubre o indianistas encantados por Fausto Reynaga).
¿Qué podemos pensar de un gobierno elegido por una gran mayoría pero que sólo (des)gobierna en favor de minorías: depredadoras (cooperativistas auríferos, “interculturales”), delictivas (contrabandistas, narcotraficantes) y parasitarias (burócratas azules)? Que dejó de ser una democracia representativa desde la ruptura del orden constitucional (o golpe judicial) del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en noviembre de 2017, hasta el presente signado por la Declaración Constitucional Plurinacional DCP 49/23 de auto prórroga del TCP en diciembre 2023. La muestra es lo acontecido recientemente en la Asamblea Legislativa cuando las parlamentarias de oposición fueron golpeadas por sus colegas, se vieron secuestradas por turbas paraestatales y acosadas por funcionarios MASistas - arcistas de la misma Asamblea para “¡que sesionen!” por la fuerza, y la intimidación.
Sin embargo, la democracia golpista del oficialismo MASista no encaja en la categoría de dictadura, porque en la acepción romana del término, esta forma de gobierno implica una suspensión temporal de las libertades civiles, en tiempos de crisis. En cambio, está claro que el gobierno pretende, al igual que su predecesor, perpetuarse en el poder indefinidamente, aplastando a cualquiera que se interponga en su camino a la reelección, ¡incluido el jefazo de su partido!
Tampoco es correcto llamarla “autoritarismo”, como se estila a falta de una mejor designación, porque los gobiernos autoritarios (los que abusan de su autoridad) siguen limitados por leyes o normas exteriores al mandatario, lo que no ocurre con las formas modernas de la tiranía que, como el gobierno del MAS, están incorporadas en los regímenes populistas que se consideran por encima de la Constitución y las leyes. Más apropiado sería calificar al gobierno MASista de “totalitario”, salvo que este gobierno MASista no encaja en esta categoría que implica un control de todos los aspectos de la vida social, incluida la vida privada, mientras que las ínfulas totalitarias del gobierno de Arce solo controlan los ámbitos del poder estatal, particularmente el judicial, aunque no le faltan ganas de controlarlo “todo”.
Lo que hay en nuestro país, entonces, es un gobierno híbrido con algunas características democráticas formales –elecciones periódicas sesgadas, vigencia precaria de algunos órganos de poder, cierta libertad de expresión en algunos medios no estatales, etc.– pero con marcados rasgos antidemocráticos de un populismo corporativista, judicialista, negacionista y divisionista. Quizás podríamos apropiarnos de la categoría utilizada por García Meza para concebirlo como un gobierno MASista de democracia inédita… ¡lo que es más preocupante todavía por lo que pudiera conllevar de otros rasgos aún no visibles, pero más siniestros!
Pero lo que ya vimos durante 18 años es más que suficiente. En primer lugar, el perfil de caudillo populista que le imprimió Evo Morales a su gobierno desde su asunción al poder como primer presidente indígena de los sectores populares (y de ellos solamente), magnificado por el culto a la personalidad al punto que dizque las “organizaciones sociales” se negaron a acatar el referendo del 21F, desacato que fue legalizado el 28 de noviembre de 2017 con la sentencia aberrante del TCP que modificó la Constitución por el supuesto “derecho humano” de Morales y García Linera a la reelección indefinida.
En segundo lugar, el negacionismo excluyente de los gobiernos del MAS y los sectores populares que los apoyan afloró tempranamente cuando se percibieron como los únicos actores legítimos de la política boliviana, negando la existencia de otros actores políticos y sectores de clase media que no los habían votado; negación que se proyectó igualmente hacia el pasado, menospreciando los avances logrados en décadas anteriores en una mayor institucionalización de la democracia representativa y participativa, y en la atracción de capital externo para todo tipo de inversiones. Al mismo tiempo, su ideología negaba el papel del capitalismo global en el desarrollo y el crecimiento del sector de hidrocarburos (de cuyos ingresos incrementados dependía toda la estructura estatal) adoptando una política de “nacionalización” que, en los hechos, desincentivó la inversión extranjera directa en exploración de nuevos campos gasíferos, al punto de que nos convertiremos pronto en importadores netos de hidrocarburos.
Este negacionismo se prolonga hasta el presente, cuando estamos al borde de una crisis económica cuyos primeros síntomas se manifiestan en una aguda escasez de dólares y combustibles, y cuya consecuencia próxima será la subida en el costo de vida, mientras que desde el gobierno se pretende que tenemos una envidiable estabilidad de precios sin considerar su altísimo costo en términos de déficits fiscales crecientes por la subvención a los hidrocarburos y para el mantenimiento de una frondosa e inútil burocracia estatal. Y también se proyecta al futuro cuando, en vez de encarar la crisis manifiesta, se recurre al espejismo del “gobierno de la industrialización” que, aparte de su función como propaganda, agudiza aún más la escasez de divisas y profundiza un negacionismo mentiroso de la gravedad de la situación entre los burócratas estatales.
Los funcionarios gubernamentales se ven en figurillas cuando tienen que defender las torpes medidas financieras y cambiarias de su gobierno para aquietar la sensación y los rumores de crisis económica, mientras se hacen esfuerzos denodados por preservar las apariencias de un “modelo económico comunitario productivo” que hace aguas por todas partes, basado en la idea de monopolio estatal en varios sectores que privilegia la creación de “pegas” destinadas al sostén del clientelismo MASista, y de fuentes de empleo parasitarias en empresas públicas creadas con créditos del BCB a costa de onerosas restricciones, impuestos y multas a empresas, emprendimientos particulares y ciudadanía en general.
En realidad, el ocultamiento del fracaso estatal plurinacional fue la estrategia del gobierno de Arce Catacora adoptando como coartada el supuesto “golpe del 2019” al gobierno de Evo Morales. Este falso relato, junto con la muy real parálisis de las actividades económicas a consecuencia de la pandemia y las cuarentenas en 2020, le permitió distanciarse por un tiempo de su propia responsabilidad en la crisis económica que se veía venir al menos desde la caída de las exportaciones en 2014. Pero asumir algo como cierto implica la necesidad de actuar en función de ello.
El gobierno de Arce tenía que darles a sus bases la posibilidad de cortar algunas cabezas visibles del supuesto golpe y “gobierno de facto”, y de negar que hubiera sido una sucesión constitucional ante un vacío de poder premeditado. No era una tarea fácil en un marco constitucional; los supuestos culpables, como la expresidenta Jeanine Áñez y sus ministros, estuvieron en funciones de gobierno, y por lo tanto ameritaban un juicio de responsabilidades en el Parlamento, ello requería empero contar con 2/3 de los votos en la Asamblea Legislativa que, a diferencia de Morales, Arce ya no tiene. Optaron entonces por seguirles juicios ante la justicia ordinaria a pesar de que ello iba contra la Constitución, pero continuando con la práctica de torcerla que había iniciado su antecesor, es decir, cooptando y corrompiendo al sistema judicial en su conjunto para legalizar lo ilegal, o declarar constitucional lo inconstitucional. Siguiendo la práctica ya iniciada por el gobierno de Evo Morales en los casos de supuesto terrorismo en Hotel Las Américas a fin de descabezar a las élites cruceñas en 2009, el gobierno de Arce se ocupó de inventar cargos y juicios a los exfuncionarios del gobierno de Áñez, aunque ello también se extendió a las figuras claves de la oposición antimasista como el secuestrado gobernador cruceño y el exdirigente cívico potosino Pumari detenido en Cantumarca.
En este último gobierno del MAS, se profundizó la instrumentalización de la “justicia” hasta una extendida “judicialización de la política”, que será siempre la marca del arcismo. En esta práctica de penalizar todo lo político y lo administrativo, apareció muy pronto el chantaje a los imputados, sea de terrorismo, golpismo o “daño económico al Estado”, mediante sobornos (como los del exfiscal Marcelo Soza en el primer gobierno del MAS) si querían evitar ser acusados o, si los juicios son montados o descabellados, disminuir sus penas declarándose culpables en juicios abreviados (como los exministros de Jeanine Áñez), práctica que ha llegado a ser ampliamente utilizada con características de tortura judicial y que habla elocuentemente de la total degradación de la justicia a manos de los gobiernos del MAS.
Otro legado grave que nos deja el MAS es la cooptación y corrupción de las organizaciones sociales –tradicionales, sindicales y otras– tanto en una primera etapa de cooptación y mayor involucramiento político de las mismas como sostén del “proceso de cambio” y el “gobierno indígena” (2006-2009), como en la siguiente fase decadente de prebendalismo y corrupción dirigencial (2010-2019) y de divisionismo a todo nivel, tanto cupular como comunal (2020-2024). Este prebendalismo y clientelismo acendrado ha terminado por dividir al propio partido de gobierno entre una facción evista y otra arcista, con mayores posibilidades de imponerse esta última a través de la entrega descarada de ministerios, como los de Minería y Medioambiente, a los grupos corporativos que se han convertido en principal sostén del gobierno, los llamados mineros cooperativistas e “interculturales”, como ha ocurrido en la reciente crisis de gabinete del gobierno de Arce, para tenerlos de aliados bien amarrados que le permitan enfrentarse a otros sectores que aún apoyan al MAS de Evo Morales.
Por último, la fractura interna de las organizaciones sociales y las disputas intestinas en muchos ámbitos, incluida la Asamblea Legislativa, amenazan con devolvernos a las prácticas dictatoriales violentas de otras épocas, esta vez ya no de la mano de grupos paramilitares sino de grupos de choque paraestatales, las mismas que, combinadas con la degradación de la función pública al rango de obsecuentes funcionarios azules del MAS de turno, provocan episodios de violencia y acoso paraestatal que deslegitiman toda pretensión del oficialismo arcista de ser un gobierno democrático… ¿quien sabe uno “inédito”?
* Pertenece a la Plataforma U.N.O., que fomenta el debate plural pero no comparte necesariamente los puntos de vista del autor.
