Existe en el país un riesgo que, pese a su gran tamaño, no ha sido encarado como se debería por los últimos gobiernos, con prescindencia de su color y orientación ideológica. El narcotráfico se ha extendido tanto, en cuanto a sus acciones, que ahora ya no solo se habla de la producción de estupefacientes sino de otros crímenes vinculados a ella, incluyendo los asesinatos.
El incremento de casos de asesinatos relacionados con el narcotráfico, y de secuestros en regiones donde la producción, comercio y tránsito de cocaína son especialmente activos, suscitan inquietudes respecto de la creciente amenaza del crimen organizado para la seguridad ciudadana y la estabilidad política.
Entre los casos que han sido reportados por la prensa en los últimos tres meses, aunque sin ocupar grandes espacios en las portadas, están el de un acribillado, un doble asesinato y un secuestro, atribuidos a una organización criminal que cobró poder atemorizando a los pobladores del trópico de Cochabamba.
Los asesinatos ligados al tráfico de cocaína que se produjeron recientemente y en los últimos años en Santa Cruz, especialmente en poblaciones próximas a la frontera con Brasil, donde el tráfico de drogas es intenso, y la presencia de “peces gordos” de esa actividad ilícita, son otras manifestaciones de esa amenaza.
No se trata de un riesgo exclusivamente nacional.
“En cuanto al narcotráfico y su relación con el crimen organizado, los niveles récord de producción de cocaína en Perú, Bolivia y Colombia han incrementado la violencia entre grupos criminales locales e internacionales”, señala el informe Índice de Riesgo Político América Latina 2024, publicado hace un par de meses por el Centro de Estudios Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo ocurrido en enero pasado en Ecuador, donde el Gobierno tuvo que declarar un estado de conflicto interno debido a la violencia desencadenada por las mafias narcotraficantes, y lo que sucede actualmente en Rosario, la ciudad más peligrosa de Argentina debido a “una lucha entre bandas por el control del tráfico de drogas en la ciudad”, como lo reporta el sitio Infobae, son otras dos manifestaciones del mencionado riesgo.
Y tampoco es un asunto reciente. Ya en octubre de 2014, el sitio InSight Crime constataba que “al crimen organizado transnacional le gusta tener oportunidades y que se le oponga poca resistencia. Actualmente Bolivia ofrece ambas cosas y se encuentra en el corazón de una nueva dinámica criminal que amenaza la seguridad nacional y ciudadana en este país andino sin salida al mar”.
“Extrañamente, hay poca violencia entre los clanes criminales de Bolivia, razón por la cual sus actividades atraen poca atención. A diferencia de los colombianos, y cada vez más de los brasileños, el crimen organizado boliviano prefiere resolver sus diferencias pacíficamente, señalaba InSight Crime hace 10 años. Evidentemente, esa situación ha cambiado y los riesgos que eso significa son mayores.
En 2014, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Onudd) advertía que un aumento en la violencia es casi inevitable si Bolivia mantiene su posición como país productor y punto de tránsito de drogas.
Los permanentes reportes de incautación de droga prácticamente van a la par con los que llegan desde el exterior, danto cuenta de la incautación de cocaína procedente de Bolivia, y la mayoría de los comisos se mide en toneladas, lo que demuestra que es más lo que sale que lo que se reprime.
