Este martes se recuerdan los 15 años del operativo que el gobierno de Evo Morales desarrolló en el hotel Las Américas, de Santa Cruz de la Sierra. Al promediar las 4:30 de la madrugada de aquel 16 de abril, que cayó en jueves, fuerzas combinadas de élite del Ejército y la Policía de Bolivia ingresaron a ese establecimiento de hospedaje y, tras escucharse disparos, se reportó la muerte de tres personas con pasaportes extranjeros: Eduardo Rózsa, Árpád Magyarosi y Michael Dwyer.
La versión oficial fue que estas personas, junto a otras de un esquema mostrado en ese momento, formaban parte de un complot para asesinar al Presidente y al Cardenal de entonces. Hasta hoy, no se han mostrado pruebas que apuntalen esa tesis y, por el contrario, el expresidente Morales ha convertido las conspiraciones para asesinarlo en una letanía que repite siempre que se victimiza con fines partidarios.
Pero, hay otras versiones…
Hubo torturas y ejecuciones extrajudiciales el año 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, contra cinco personas de un supuesto grupo armado. Eso dice el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que contradice lo que ha sostenido en los últimos 15 años el exmandatario boliviano.
Si el país quiere evitar un juicio internacional por estas supuestas ejecuciones extrajudiciales, su justicia debe procesar a los responsables, si los hubiera, según un documento de la CIDH que fue divulgado en 2022.
De acuerdo al informe de la CIDH, las cámaras de seguridad del mencionado hotel fueron apagadas desde un día antes, el 15 de abril, lo mismo que el internet. Además, se eliminaron los videos y registros del establecimiento hotelero.
Mientras el informe de la CIDH señala que las tres personas fueron ejecutadas tras ser detenidas, el Gobierno de ese entonces sostiene que hubo un fuego cruzado y que los muertos eran parte de un grupo cuyo objetivo era el de separar a Santa Cruz del resto de Bolivia, los tristemente famosos “separatistas”.
Por esos informes en torno a este caso, es importante para el país que se siga investigando hasta concluir si hubo o no ejecuciones extrajudiciales y quiénes son los responsables de las mismas, en caso de que se encuentren indicios de que así fue.
Si una investigación imparcial interna demuestra que se trató de un enfrentamiento entre los miembros de las fuerzas de élite y los extranjeros, se desechará la hipótesis de que fue un operativo con el fin exclusivo de ejecutar a estas personas que, según el gobierno de Morales, llegaron a Bolivia por una gestión de políticos opositores.
La sombra de lo que acaecido el 16 de abril de 2009 no puede seguir como un lastre sobre el país, considerando que el actual gobierno pregona ser respetuoso de los derechos humanos. En consecuencia, debe demostrar esta afirmación culminando la investigación que lleva más de 14 años con tropiezos porque no se ha logrado colectar evidencias sólidas para concluir si hubo o no ejecuciones extrajudiciales.
Morales, en su defensa, repite que dio la orden por “defender la unidad de nuestra patria”. Todo gobernante está en la obligación de velar por la integridad territorial de la nación a su cargo, así como por la seguridad de todos sus habitantes, pero no puede utilizar armas extrajudiciales para sancionar a quienes cometen delitos.
Las investigaciones se han reabierto y uno de los sobrevivientes, el húngaro Elöd Tóásó, anunció su intención de llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si eso ocurre, se mostrará al mundo que nunca hubo intención de aclarar lo ocurrido hace 15 años en Santa Cruz debido a la cantidad de involucrados, los mismos que ahora quieren volver a gobernar el país.
