El 20 de abril marcó el trigésimo aniversario de la implementación de la Ley de Participación Popular durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Esta legislación, junto con otras reformas importantes como la Reforma Agraria y la Nacionalización de las Minas, ha tenido un impacto significativo en la estructura organizativa y económica de Bolivia. A lo largo de estas tres décadas, ha generado tanto avances positivos como problemas que aún persisten, lo que nos lleva a reflexionar sobre si su balance es más exitoso que fracasado.
Inicialmente, esta ley encontró una fuerte resistencia por parte de diversos sectores, incluyendo comités cívicos, universidades y grupos campesinos. Sin embargo, a pesar de esta oposición inicial, sus efectos generales han sido en su mayoría positivos, al lograr abordar una exclusión histórica que afectaba a una parte considerable de la población.
Antes de su promulgación, el área rural estaba marginada de la esfera gubernamental. El 91% de los recursos se concentraban en tres centros urbanos (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba) y otros 21 gobiernos municipales recibían 1.000 dólares, mayormente en las ciudades capitales; recibían una asignación mínima. Como resultado, el 42% de la población que habitaba en el área rural era marginada y sus necesidades eran ignoradas. La Ley de Participación Popular logró cambiar este panorama al establecer una redistribución más equitativa de los recursos, empoderando a comunidades previamente excluidas y permitiéndoles participar en la toma de decisiones que afectan sus municipios.
A pesar de los avances, aún enfrentamos problemas importantes. Uno de ellos es la migración continua del área rural a las ciudades, un fenómeno que la ley no ha logrado frenar. Muchos municipios –aproximadamente 284, especialmente aquellos con presupuestos reducidos y una dependencia casi exclusiva de los recursos del gobierno central– enfrentan dificultades para proporcionar servicios básicos a sus ciudadanos. La proyectada disminución de recursos por concepto de coparticipación tributaria, tras los resultados del Censo 2024, agrava aún más esta situación. Además, se ha observado un cambio en el papel de las organizaciones de control como los pueblos indígenas, comunidades campesinas o juntas vecinales. Estas entidades, originalmente diseñadas para coordinar las necesidades de la población y vigilar la gestión de los recursos municipales, han perdido su función primordial y, en muchos casos, se han convertido en extensiones del gobierno municipal. No pocos dirigentes de estas entidades buscan aprovecharse políticamente y ganar visibilidad para asegurarse un lugar en la arena política, incluso aspirando a cargos de autoridad en las próximas elecciones municipales.
Se ha identificado otro aspecto negativo que está en aumento: la corrupción a nivel municipal, que alcanza proporciones igualmente preocupantes que la corrupción a gran escala que solía caracterizar a las exprefecturas y a las antiguas Corporaciones de Desarrollo departamentales. Esta corrupción no solo ha perdurado, sino que ha evolucionado con el tiempo. La descentralización de recursos hacia los municipios ha dado lugar a nuevas formas de corrupción.
La necesidad de ajustes a la Ley de Participación Popular y a la organización municipal del país se debió realizar hace mucho tiempo. Se ha atomizado mucho la inversión pública en municipios demasiado reducidos, que solo sirven para pagar sueldos y salarios de alcaldes, concejales y empleados. Por otro lado, tienen un endeudamiento elevado y su razón de ser es solo el pago de deuda pública.
Es fundamental mejorar la capacitación y la evaluación periódica del personal que trabaja en los gobiernos municipales, garantizando que cuenten con las competencias necesarias para desempeñar sus funciones de manera eficaz. Se debe fortalecer la organización y los procedimientos de control de las entidades ciudadanas para asegurar una gestión transparente y responsable de los recursos municipales. En este sentido, es esencial considerar que el personal municipal, aunque ha tenido tiempo para desarrollar sus competencias, aún enfrenta problemas de compromiso y capacitación, lo que impacta negativamente en el desarrollo nacional y representa una carga para muchos municipios
En conclusión, la Ley de Participación Popular ha logrado avances significativos en la descentralización del poder y la inclusión de comunidades marginadas en la toma de decisiones locales. Sin embargo, para asegurar su éxito continuo, es necesario abordar los retos pendientes y hacer ajustes importantes que fortalezcan su implementación y garanticen una participación ciudadana genuina y efectiva. Solo así podremos celebrar verdaderamente el éxito de esta importante legislación en el desarrollo democrático de Bolivia.
* Es analista e investigador socioeconómico.
