Hoy, viernes 10 de mayo, se recuerda el Día del Periodista Boliviano. Esta fecha fue instituida en 1938 durante la presidencia del Germán Busch con el objetivo de reivindicar los derechos de quienes ejercen el periodismo como profesión.
Anualmente, a nivel mundial, las organizaciones que aglutinan a este sector emiten informes respecto al ejercicio de las funciones de los periodistas y sus reportes son lapidarios: las restricciones al trabajo de la prensa son, todavía, grandes. Y, al igual que las agresiones, lamentablemente, también se registran asesinatos con demasiada frecuencia.
En la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024, presentada por la organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) el 3 de mayo recién pasado, se da cuenta de que, en las Américas, “más de la mitad de los países de la región experimentan un deterioro de su situación, debido principalmente a la caída del indicador político”.
Este reporte confirma los riesgos que acompañan a una profesión u oficio que está estrechamente vinculada con el manejo de la opinión pública. La prensa, en conjunto, puede determinar la tendencia del sentimiento de las masas y es por eso que resulta tan incómoda para los poderosos.
Una de las tareas del periodismo es la denominada supervisión ambiental —antes denominada fiscalización—, que no tiene que ver precisamente con el cuidado del medioambiente sino con la vigilancia del “conjunto de condiciones o circunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, una colectividad o una época”. Al hacerlo, suele descubrir irregularidades como, por ejemplo, la apropiación de bienes del Estado, o de recursos provenientes del manejo de este, por lo que también resulta perjudicial para los gobernantes que llegan al poder con el fin de lucrar con él.
En circunstancias menos generales, los periodistas están entre los principales enemigos del crimen organizado. Eso explica que uno de los países más peligrosos para el desempeño del periodismo sea México, donde se asesina a informadores prácticamente todos los años. En ese país está la mayor cantidad de cárteles del narcotráfico, que no vacilan en mandar a matar a los periodistas cuando estos interfieren de alguna manera con su actividad criminal.
Al terminar 2023, RSF hizo un recuento del periodo 2003-2022, en el que encontró un total de 1.668 asesinatos, probablemente la cifra más alta a nivel de sociedades civiles.
Pero también se elimina periodistas de otros modos: ya sea cooptándolos o haciendo su vida difícil, casi imposible. Como no se puede cooptarlos a todos, los poderosos —generalmente políticos antidemocráticos— prefieren ir por la segunda vía. A ello se debe, por ejemplo, el manejo discriminatorio de los fondos públicos para la publicidad estatal.
Esa política tiene como primer efecto el de la disminución de los ingresos de los medios de comunicación, con la consecuente afectación a los periodistas. Muchos medios, asfixiados por la crisis mundial de la prensa, terminan cerrando sus puertas y sus empleados pierden sus fuentes de empleo. ¿Qué significa esto? Lisa y llanamente, el debilitamiento de uno de los pilares fundamentales de la democracia: La función informativa y fiscalizadora que ejercen los periodistas está siendo minada en forma silenciosa y esto, entre otros factores más, amenaza la estabilidad de las democracias en el mundo.
La semana pasada, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ha confirmado estas apreciaciones al presentar un informe del Cedla que señala que el trabajo periodístico se ha precarizado tanto que más del 80 por ciento de los periodistas no tienen salario, y muchos de los que sí lo tienen están por debajo del mínimo nacional.
