El Gobierno ha presentado, en medio de aplausos como focas de funcionarios públicos y letreritos primorosamente confeccionados, un curioso proyecto de ley denominado “Lo ajeno no se toca”, por el que plantea en lo relevante: a) Crear un “nuevo” tipo penal llamado “Apoderamiento flagrante de la cosa ajena” para el que: “ilegítimamente se apodere, apoderare, sustrajere o tomare joyas, dinero, valores, minerales o energía, cosa, sujeto o no a registro, mediante descuido, violencia, intimidación, uso de armas y otros medios; o de cualquier otra forma se apropiara de cosa ajena y fuera encontrada o encontrado en flagrancia por la Policía o por particulares, o sea identificado plenamente al momento de la comisión del delito mediante grabaciones, imágenes, testigos y entrevistas policiales, será sancionado con una pena de presidio de siete años sin derecho a indulto'”.
b) Un procedimiento sumarísimo penal, por el que en ese tipo de hechos, con base al acta de acción directa policial, el fiscal podrá directamente acusar saltándose la etapa preparatoria del proceso e ir directamente a una audiencia de juicio, en la que –el inefable MinGobierno, asegura– el delincuente será sentenciado a siete años de presidio, sin derecho a indulto.
c) Propone además una agravante a dos años en reincidencia; y d) En caso de ser ciudadano extranjero en situación migratoria irregular, plantea una sanción de hasta ocho años de privación de libertad.
Según, entiendo, su proponente que fuera el MinGobierno, espera que con esa norma si se convierte en ley: “no permitiremos que estos delitos sigan siendo impunes, quien ose ingresar a un inmueble o a un negocio o simplemente robe en la calle deberá responder ante la justicia con toda la severidad que amerita. Este es un legado que debemos dejar a nuestros hijos e hijas, como nuestros antepasados nos dijeron: Ama Sua, no seas ladrón”.
Pues bien, a la vista de la Ciencia del Derecho, encuentro sumamente discutible que de convertirse en ley ese proyecto, pueda cumplir esos sus pomposos fines. Se trata de simple populismo penal que recalienta el conocido koñichi basado en la inútil fórmula de “incrementar penas y rebajar garantías para vender al soberano el espejito de color de mayor seguridad ciudadana” que como enseña la ciencia y la dura realidad, jamás ha dado ese resultado prometido de mayor seguridad ciudadana o algo parecido. Y si dudan, recuerden que también la Ley de lucha contra la corrupción o de violencia contra la mujer (entre otras) fueron así propagandeadas y, hoy, tenemos muuucha mayor corrupción y violencia, pese a esas leyes basadas en la misma fórmula demagógica.
Desde el estricto Derecho Penal, además esa re tipificación estilo koñichi mediante ese “nuevo” delito, incurre en el absurdo jurídico de volver a tipificar los núcleos rectores ya previstos para los delitos de robo y hurto bajo formas agravadas, cayendo en el inflacionismo penal. Es ocioso volver a tipificar hechos que ya están previstos en el CP, asi sea agravándoles la pena, con lo que lo único que se logrará será generar mayor caos en el ya caótico sistema penal, mayores niveles de hacinamiento carcelario y especialización delictiva. Parece que el Presi y su Ministro nos salieron fervientes admiradores de Bukele con sus políticas persecutorias desproporcionadas. ¿Se volvieron “Bukelelovers”?
El pretender fundar el juicio penal en un simple informe policial (que podría ir con videos, etc.) saltándose con garrocha la fase preparatoria del juicio (por eso se llama así, pues) me recuerda a los peores tiempos de la Ley 1008, en los que la acusación con la complicidad de malos jueces confundía supinamente la prueba “preconstituida” con la plena, como si estuviéramos ante pruebas tasadas que no se basan en el raciocinio del juez, sino en la receta previa ordenada por el legislador.
Lo que pasa es que, como bien lo dijo algún doctrinario en tono jocoso, cuando no se sabe cómo solucionar conflictos, bien cae sacar del sombrero de mago alguna reformita y así hacerle creer al ciudadano con esos espejitos de colores que se está haciendo algo útil. De ahí a que sea eficaz para el evidente problema de seguridad ciudadana, es otra cosa y muy diferente.
Obviamente que el populismo, y hasta el polucharerismo, abarca por supuesto no solo a la política general de un gobierno de esa calaña, sino trasciende hacía su “política criminal”. Es mucho más complejo tratar de solucionar la causa de ese tipo de delincuencia, puesto que además supera lo estrictamente jurídico y entonces, esa inútil receta es recalentada de cuando en cuando para tratar de engañar al soberano con esos espejitos de colores.
La propuesta es pues populismo, sino populacherismo en su máxima expresión, pues con Bullard, cuando se pregunta qué es el populismo, responde: “Es ofrecer en el corto plazo lo que no se puede cumplir en el largo. Es una forma, bastante cruel, de crear esperanzas sobre algo que no tiene ninguna esperanza”.
